Colectivos ciudadanos contra la droga

Nos dirigimos a usted en referencia a las noticas que, a través de los medios de comunicación del pasado 25 de julio, hemos conocido sobre la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del ejercicio 1993.

Dicha noticia se refiere a la diferencia de criterio existente en la actualidad entre los tres jueces de vigilancia penitenciaria de las cárceles madrileñas. Éstos tienen apreciaciones significativamente diferentes entre sí a la hora de cumplir con lo establecido en el artículo 76-1 de la LOGP, que establece que al juez de vigilancia le corresponde "salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse". Se otorga al juez, por tanto, el papel de "garante efectivo de los derechos fundamentales de los penados, cuya intervención supone la potenciación del momento jurisdiccional de la ejecución de las penas en control de la actuación administrativa, sobre todo en la protección de los derechos de los presos" (STC 70/1983, de 30 de julio).

De estas significativas y diferentes apreciaciones se sigue la situación igualmente diferente de la puesta en práctica de los criterios y recomendaciones que la propia ley establece. Es por esto cierto, como asimismo denuncia la Memoria de los fiscales, la diferente justicia existente, en su aplicación, dependiendo de la cárcel donde te encuentres. Situación evidente de indefensión cuando sucede en la cárcel de Navalcarnero -Madrid IV-, por ejemplo.

Ha sido este centro penitenciario de Navalcarnero, presentado hipócritamente por el Gobierno como modelo para la rehabilitación social de los allí confinados, el que más ocasiones de intervención ha provocado al juez de vigilancia penitenciaria, en la actualidad doña María del Prado Torrecilla Collada. Magistrada-juez que se vanagloria públicamente de su "independencia" al no recibir absoluta m ente a nadie: ni abogados, ni familiares de presos, ni profesionales de la conducta humana, ni educadores de calle... y las más de las veces ni a los mismos presos.

En esta acepción, ciertamente coincidimos con la memoria referida: "La falta de sensibilidad ante las quejas de los presos". Sin embargo, lamentamos profundamente que en la comentada noticia difundida se compare a esta juez con el actual juez de Vigilancia Penitenciaria número 1, don Joaquín Vives, sucesor en el puesto de la actual decana de Madrid, doña Manuela Carmena, quien ciertamente ha sido más cauto a la hora de permitir el uso coercitivo de la fuerza en la cárcel, quien -bajo una conciencia racional bastante extendida afortunadamente en la sociedad civil- permite con mayor fluidez el cumplimiento de las penas privativas de libertad en centros de rehabilitación de drogodepentes, quien ha admitido la casi totalidad de las quejas presentadas por los presos...

Ésta es la diferencia, ciertamente. Sin levantar glorias por nadie, asistimos a una sensibilización importante por parte de algunos jueces en la aplicación de dicho ordenamiento. El hacer del derecho un instrumento de humanización en lugares plagados de muerte y desesperanza, como son las cárceles actuales, es la razón de ser de todos aquellos que venimos acompañando a tantos ciudadanos/as presos en la actualidad.

El pasado 15 de abril presentamos una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la indefensión en la que se encuentran los presos de Navalcarnero gracias a la juez de Vigilancia Penitenciaria número 2, doña María del Prado Torrecilla Collada. Ésta ha sido archivada. El corporativismo hace constantes pasadas a la aplicación de la justicia.

Esperamos que para la memoria del próximo ejercicio la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pueda reflejar la "alta sensibilidad" de todos aquellos cuya misión legal es "salvaguardar los derechos de los presos".

Así, los ciudadanos veremos aumentada considerablamente nuestra seguridad, y podremos seguir trabajando codo a codo con aquellos que, por causa de la droga, el paro y la marginación, han corrido la mala suerte de caer en prisión.-

de la Coordinadora de Barrios, y de Madres Contra la Droga. Madrid.