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El Estado pagó 6,5 millones a cinco heridos en dos atentados de los GAL ordenados por Amedo

El Estado español pagó en abril de 1994 seis millones y medio de pesetas a cinco de los heridos en dos atentados de los GAIL inducidos por los policías José Amedo y Michel Domínguez contra dos bares situados en territorio francés, pero retuvo otros 6,9 millones que debían haber cobrado otros dos heridos presuntamente vinculados a ETA o con responsabilidades pendientes de determinar. Del total de 12,8 millones de pesetas que fijó la sentencia del caso Amedo se ha pagado sólo la mitad, aunque con los intereses legales incluidos. El abogado de Amedo y Domínguez, Jorge Manrique, anunció que si el Estado quiere recuperar estas cantidades tendrá que llevar a juicio a los ex policías.

Las cinco personas indemnizadas por el caso Amedo son las únicas víctimas del terrorismo que han cobrado las indemnizaciones fijadas en una sentencia judicial.En diciembre de 1992, pocos meses después de la sentencia el Tribunal Supremo que condenó a Amedo y Domínguez a 108 años de prisión y al Estado como responsable civil subsidiario, la Dirección General de Policía abrió expediente administrativo a resultas del cual se ordenó el pago de las indemnizaciones a las víctimas de los atentados de los GAL por los que fueron condenados Amedo y Domínguez. Según fuentes de la fiscalía de la Audiencia Nacional, el pago fue realizado el' 5 de abril de 1993 a través de la cuenta de consignaciones del BBV.

Las indemnizaciones fueron pagadas a los heridos en los atentados a los bares Batzoki y La Consolation, sitos en las localidades francesas de Bayona y San Juan de Luz. Sus perceptores fueron Carmen Martínez Aguirre y la niña de cuatro años Nagore Otaegui, viuda e hija respectivamente del presunto etarra Juan María Otaegui, muerto en atentado de los GAL en agosto de 1985; la niña Ainhize Zabaleta, hija del etarra Juan Luis Zabaleta Elósegui, herido también en el atentado al Batzoki pero cuya indemnización ha quedado retenida; el francés José Cau, y Juan Ramón Basáñez.

Junto a las cantidades fijadas en la sentencia, el Estado pagó los intereses legales de demora. Así, Martínez Aguirre, que tenía que ser indemnizada con 2,1 millones, recibió 2.416.000; Zabaleta, que debía recibir 450.000, cobró 522.000. También percibieron sus indemnizaciones de 1. 3 50.000 pesetas Cau y de 200.000 Otaegui, con sus respectivos intereses. Basáñez Jauregui, herido en el atentado a La Consolation, cobró 2.088.000 pesetas en vez de los 1,8 millones fijados.

1 Sin embargo, y a instancias de la fiscalía de la Audiencia Nacional, se retuvo el pago de los 2,4 millones de pesetas que debía haber percibido el francés Frederic Haramboure y de los 4,5 millones que correspondían a Zabaleta Elósegui.

Haramboure, preso en Francia, fue miembro del san guinario comando francés de ETA y está acusado de una quincen . a de asesinatos, entre ellos los de las cinco niñas y seis adultos del atentado al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Por ese atentado, el juez fijó para Haramboure una fianza de resposabilidad civil de 800 millones que, al no ser depositada, generó el embargo de todos sus bienes. En consecuencia, la fiscalía pidió que se- le confiscasen los 2,4 millones que le había reconocido el Supremo en la sentencia del caso Amedo. En el atentado al Batzoki, el etarra francés recibió cuatro balazos.

La fiscalía también pidió que se retuviese la indemnización de Juan Luis Zabaleta Elósegui, hermano de dirigente etarra José Javier Zabaleta, Baldo, a la espera de determinar si tiene pendientes posibles responsabilidades. Zabaleta, para el que el Supremo fijó una suma de 4,5 millones, fue entregado por Francia a España en noviembre de 1986, y, tras ser condenado por un intento de asesinato de dos guardias civiles, salió de prisión en 1992.

El abogado de Amedo y Domínguez anunció el jueves que se opondrá a que a sus defendidos se les embargue parte del sueldo para responder de estas sumas, al entender que si el Estado fue condenado como responsable civil subsidiario, debe ser sólo el Estado el que afronte el pago. Por el contrario, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Policía Judicial que averigüe los ingresos que perciben Amedo y Domínguez y su situación patrimonial actual, al igual que las de otros etarras que han accedido al tercer grado penitenciario, "a los efectos de proceder a la satisfacción de las responsabilidades civiles a que fueron condenados".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de agosto de 1994

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