La Unidad contra el Fraude solicita unificar los documentos de identificación y un sistema sancionador más beligerante
La Unidad Especial para el Estudio y Propuesta de Medidas contra el Fraude ha elevado al Gobierno un bloque de 259 recomendaciones encaminadas a paliar los efectos de los distintos fraudes que se producen en el sistema económico español. El informe -analizado en el Consejo de Ministros del viernes, en el que se aprobó el proyecto de ley que regula los delitos económicos- propone, como medida básica si se quiere luchar eficazmente contra el fraude, unificar los distintos documentos acreditativos existentes en España. Es decir, dotar de un mismo código el documento nacional de identidad, la tarjeta sanitaria, la de afiliación a la Seguridad Social, la de demandante de empleo, etcétera. Como medida complementaria propone la creación de una base de datos de uso conjunto de las administraciones.La Unidad de Lucha contra el Fraude -constituida el 26 de octubre de 1993 con representantes de Economía, Trabajo, Sanidad y Administraciones Públicas- distingue en su informe varios tipos de fraudes (fiscales, inmobiliarios, mobiliarios, financieros, a la Seguridad Social, en el desempleo, en la prestación farmacéutica y en subvenciones) y resalta el aumento de la economía sumergida.
El informe de la unidad sugiere soluciones normativas para cada uno de ellos. En el caso del fraude fiscal señala "la necesidad de operar en la doble vía del fomento del cumplimiento de las obligaciones y de convencer a los ciudadanos de que existe un riesgo efectivo en caso de incumplimiento". Por ello, sugiere que el régimen sancionador sea más beligerante y discriminatorio. Propone una reducción de las sanciones, simultánea a un endurecimiento en los casos de uso de instrumentos para defraudar (interposición de sociedades, falseamiento de escrituras, testaferros o paraísos fiscales.
La Unidad contra el Fraude alerta especialmente contra el fraude inmobiliario, al que definen como el mayor cobijo del dinero negro. Para atajarlo sugieren un duro control registral y catastral, aunque advierten que "está tan arraigado que requerirá decisiones excepcionales, al gunas de las cuales tienen un calado más político que técnico".
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