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La empresas con compromisos de pensiones tendrán 10 años para cubrirlos

Todas las empresas que presenten déficit en los compromisos de pensiones pactados tendrán un máximo de 10 años, para cubrirlo, una vez actualizado, según el proyecto de ley sobre supervisión de seguros privados elaborado por el Ministerio de Economía. Las aportaciones realizadas para tapar ese déficit se podrán repartir en décimas partes a lo largo de los 10 ejercicios. Será deducible a efectos fiscales cada aportación que, año a año, realice la empresa.Estas disposiciones complementan la decisión de Economía de eliminar los fondos de pensiones internos y de convertirlos, en un máximo de tres años, en fondos de pensiones externos o en un seguro colectivo. Las únicas excepciones a esta obligación serán las entidades financieras, aseguradoras y sociedades y agencias de valores, siempre y cuando cuenten con la pertinente autorización de Economía.

El proyecto de ley de supervisión de seguros privados establece, además, ventajas para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyan sus planes de pensiones del sistema de empleo. En concreto, fija que el dictamen y la revisión actuariales podrán "adaptarse a las especiales características de estas empresas", e incluso "podrán no ser exigibles en determinados casos". Los planes de pensiones de las pymes tendrán "una reducción del 30% de los derechos que los notarios y registradores hayan de percibir como consecuencia de la aplicación de sus respectivos aranceles por los negocios, actos y documentos necesarios para la tramitación de la inscripción, nombramiento y cese de los miembros de la comisión de control y la movilización de estos planes de pensiones". El texto deja la puerta abierta a la constitución de grandes planes sectoriales para pymes.

Sanciones para actuarios

El retoque a la legislación actual sobre planes y fondos de pensiones se completa con un detallado desarrollo de situaciones de insolvencia, infracciones y sanciones. De éstas, la más destacable es la responsabilización directa a los actuarios que revisan y proyectan las cuentas de los planes de pensiones. Una falta muy grave les apartaría de su profesión entre cinco y diez años y les supondría una multa de entre 25 y 50 millones de pesetas.El proyecto de ley define los planes de pensiones especiales, sustitutos de los planes de ahorro popular, como un instrumento de ahorro líquido que podrá ser suscrito a partir del 1 de enero de 1995 y que desaparecerá el 1 de enero del 2000. Su tratamiento fiscal es idéntico al de los planes de pensiones, aunque su rescate será considerado como un rendimiento de trabajo dependiente con tratamiento de renta regular. El proyecto concreta en 750.000 pesetas el tope de aportación anual a los planes de pensiones.

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