Modelo sospechoso

LA ÚLTIMA aventura financiera de Javier de la Rosa, a quien Jordi Pujol llegó a calificar de empresario modelo", ha acabado en un nuevo desastre, ahora tal vez definitivo. Los 9.000 pequeños accionistas de Grand Tibidabo se han encontrado sin previo aviso, al igual que la Comisión Nacional del Mercado de Valóres, con pérdidas de más de 10.000 millones de pesetas, la empresa amenazada de liquidación y volatilizados sus ahorros de 30.000 millones. La Fiscalía de Cataluña, que investiga el caso, aprecia "indicios de actuaciones con posible relevancia penal".La trayectoria pública de De la Rosa ha salpicado de monumentales crisis financieras los últimos diez años de la vida económica española. Grand Tibidabo es el último caso, pero no el más voluminoso. Tras su gestión en la Banca Garriga Nogués, filial catalana de Banesto, los responsables del banco descubrieron un agujero de casi 100.000 millones de pesetas, el mayor desaguisado bancario de la época.

Cuando aún no se habían apagado los ecos de la crisis de Garriga Nogués, De la Rosa inició su singladura con el grupo árabe KIO. Los resultados son sobradamente conocidos. El Grupo Torras -a través del cual invertían los kuwaitíes en España- se hundió dejando un agujero de 500.000 millones y miles de empleos perdidos o en peligro. Los nuevos gestores árabes reclaman a los anteriores cientos de miles de millones. Esta crisis constituye todo un récord: el mayor escándalo financiero en España y en Europa y la más importante crisis de un grupo industrial privado.

Las claras similitudes entre lo ocurrido en estos tres casos definen un modelo de gestión. Pero no de gestión productiva, como afirmó el presidente de la Generalitat, seducido tal vez por los propagandistas que esculpían la figura de un -De la Rosa redentor del pasado poder financiero catalán. Las exigencias de una política económica de apoyo a la industria y las empresas como la que reivindica Pujol se conjugan mal con el respaldo a prácticas tan discutibles como las mencionadas'.

En los tres casos citados, los accionistas, es decir, los propietarios de las sociedades, nunca llegan a conocer la realidad mientras De la Rosa sigue manteniendo su responsabilidad en las empresas. Hasta ese momento, nadie, excepto él y sus colaboradores, sabe qué es lo que está ocurriendo en realidad. Es más, los actuales gestores de KIO desconocen aún hoy la mayoría de las operaciones realizadas por De la Rosa en el Grupo Torras. No es de recibo aceptar que los accionistas, que ciertamente aceptan un riesgo dé mercado con su inversión, deban temer también la acción de sus gestores.

La actividad preferida y casi exclusiva del financiero, en todos los casos, ha consistido en vaciar las sociedades a través de la venta de sus activos, lo que ha convertido la gestión empresarial en un simple apéndice de la mal llamada ingeniería financiera, generando, eso sí, cuantiosas comisiones. La historia de todos estos escándalos termina siempre con astronómicas cifras de dinero en paradero desconocido. Todo ello combinado con el uso forzado y abusivo de una legislación mercantil y bursátil claramente desbordada y gracias al concurso de sofisticados y costosos asesores jurídicos. Convertida la legalidad en un obstáculo a superar, se producen los desastres económicos descritos sin que ninguna de las autoridades competentes haya podido actuar con la adecuada proporcionalidad.

Parece que las posibilidades de De la Rosa para seguir hundiendo empresas están casi agotadas. Sin embargo, el ostracismo en el que ahora se encuentra e s resultado del instinto de autoprotección de los demás agentes económicos, entidades financieras e inversores, más que de la actuación de la justicia y de las administraciones.

La obligación que se impone, tras el último escándalo y ante otros que sin duda se producirán en el futuro, es la de modernizar la legislación mercantil, bursátil y penal, y reforzar las instituciones encargadas de impedir la- perversión de los mercados y la prostitución de la vida de las empresas.