El precio del agua

Las Comunidades autónomas de Castilla-La Mancha por un lado, y de Murcia y Valencia por otro están a la greña por el agua. La Comunidad por la que discurre el Tajo no quiere dejar ni una gota para Levante. Las Comunidades del sediento cauce del Segura piden agua para que no se agosten las cosechas e incluso se pierdan los árboles. El Gobierno decide mano mayor realizar el trasvase. ¿Quién tiene razón? La disciplina que enseño y practico viene explicando, desde hace tiempo, cómo nace este tipo de querellas. Todo se debe, dirá un economista bien disciplinado, a que el agua en España no tiene precio.

A ver si nos entendemos. No digo que el agua sea preciosa, porque es necesaria para la vida, indispensable para la higiene, básica para el medio ambiente, necesaria para la agricultura y la industria. Ni digo que sea preciosa porque abunda en unas partes de nuestra geografía y falta en otras, o porque son numerosos los años de sequía. Señalo literalmente que no tiene precio en España, porque es gratuita para quienes la abstraen directamente de sus fuentes.

Esto parecerá una broma de mal gusto a quienes pagamos muy caro el suministro del Canal de Isabel II, o de Aguas de Barcelona, o de cualquiera de las compañías de aguas de Sevilla, Bilbao y el resto de la Península. Los usuarios finales sí soportamos una tasa por el consumo que mide nuestro contador. Me refiero a quienes obtienen el agua directamente de la fuente pública: las comunidades de regantes, las compañías hidroeléctricas, los propios municipios. La abstracción de agua en sí misma no tiene cargo.

La Ley de Aguas de 1985 nacionalizó toda el agua de España peninsular, precisamente por ser un recurso tan precioso. Según este texto, quienes abstraen agua del dominio público pagan, es verdad, un "canon de regulación" para cubrir el coste de las obras realizadas por la Confederación hidrográfica para poner el agua en el punto de abstracción, o un "canon de ocupación" si se instalan en terrenos públicos, o un "canon de vertido" si devuelven aguas contaminadas al cauce. Pero nada pagan por el agua en sí. Es decir, la sociedad española, que es la propietaria de las aguas, las regala a quienes la toman en origen.

Si un empresario obtiene una concesión para sacar arena de un cauce público, tiene que pagar un canon. Si un regante abstrae agua directamente de un cauce público, no paga nada por ello. Pero sabemos por vieja experiencia, y porque nos lo enseña la disciplina de la economía, que es infinita la demanda de un bien necesario que se puede tomar gratuitamente. Siempre habrá despilfarro si un bien necesario, escaso o limitado, puede obtenerse sin precio.

Los conflictos nacidos entre las distintas Comunidades por el trasvase de aguas del Tajo al Segura no fluyen de que los socialistas se lleven mal, que se llevan fatal, especialmente después de su derrota electoral; ni de que falte solidaridad nacional, que sobra mucha, especialmente bajo un gobierno socialista de tinte andaluz y dedicado a viajar en el AVE. La causa de esos choques se encuentra en que los castellanos-manchegos no reciben un precio por el agua que ceden a través del canal de trasvase; y que los murcianos y valencianos no reducen su demanda de agua a términos más razonables porque les cueste un precio.

El reparto político del agua es mucho peor que su asignación por el mecanismo de precios: ¡ha llevado al señor Bono la amenazar con "acciones sorpresa"! Hétenos aquí al. dulcísimo señor Bono convertido en un partidario de la acción directa.