Diez pisos sociales de la Comunidad, ocupados de modo ilegal en un mes

El verano ha traído un reguero de ocupaciones ilegales de pisos sociales construidos por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), del Gobierno regional. Desde el 6 de junio hasta esta misma semana son 10 las viviendas nuevas, ya adjudicadas a personas necesitadas, pero aún sin entregar, que han sido asaltadas por el sistema de la patada.El Ivima se ha dirigido a la decana de los juzgados, de la plaza de Castilla, Manuela Carmena, para pedirle que agilice los trámites de desalojo en estos casos de ocupación ilegal.

Cuatro de estos pisos tomados se encuentran en la barriada de Plata y Castañar, de Villaverde Alto (en los números 21, 25 y 27 de la calle de Afluentes y en el 34 de Mareas); tres, en construcción, en un bloque de viviendas del barrio vallecano de San José destinado a jóvenes; dos en Entrevías (calle de Ibor, 4 y 6) y uno en el número 2 de la calle de Alemania, en La Ventilla (Tetuán). Sólo una de estas familias es solicitante de vivienda pública.

Concentrados y violentos

La ocupación de pisos sociales no es algo nuevo. Tampoco se incrementa. Pero, según el gerente del Ivima, Miguel Palmero, "estos últimos asaltos se han dado muy concentrados en el tiempo y con bastante violencia contra los bienes y los vigilantes"."Cuando nos enteramos de una de estas ocupaciones, intentamos convencer a los asaltantes para que se vayan, si no acceden denunciamos el hecho a la policía y al juzgado de guardia", explica Palmero.

"En estos casos de ilegalidad manifiesta, el juez de guardia podría ordenar el desalojo inminente, pero no lo hace, los casos pasan al decanato, se reparten en diferentes juzgados y el trámite puede durar tres meses o más, lo que causa problemas a los adjudicatarios del piso y crea una sensación de inseguridad en el barrio", concluye.

Palmero reconoce que dentro de las 92.000 viviendas que son patrimonio del Ivima se dan casos de pisos vacíos, de cesiones indebidas y de ocupaciones ilegales. Pero asegura que estas irregularidades no están cuantificadas. En 1993, el Ivima inició 350 expedientes por ocupacion ilegal o cesión irregular de vi vienda pública. De ellos se ejecutaron 40, y el resto siguen en los juzgados.

"Sospechamos una cierta premeditación en las ocupaciones, pero no. tenemos datos suficientes para saber si alguien organiza estos asaltos", asegura Palmero. El gasto anual del Ivima en vigilancia de las nuevas construcciones ronda los 300 millones.

No sólo los pisos recién construidos por el Gobierno regional sufren asaltos. El problema también atañe a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Una promoción de 300 pisos de la, EMV en el vallecano Camino de la Vereda experimentó en el primer trimestre de este año uno de los asaltos más masivos de los últimos tiempos cuando 67 familias tomaron uno de los bloques.