Economía estudia poner un impuesto sobre la energía para bajar las cotizaciones sociales

Las conversaciones entre el Gobierno y CiU sobre la base de los presupuestos para 1995 tienen un problema esencial: la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social como método de mejorar la competitividad de las empresas y la sustitución de estos ingresos perdidos por impuestos indirectos. Hasta ahora se había considerado que sería una subida del IVA medio lo que compensaría la reducción de cotizaciones, pero Economía estudia proponer que este impuesto no se modifique y que se establezca un recargo sobre el consumo de energía para suplir la disminución de ingresos.

La reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social está aprobada por el Congreso de los Diputados en una resolución planteada por CiU y el PSOE en la que se insta a ello. Sólo queda instrumentar cómo se sustituyen los ingresos dejados de percibir. La alternativa de subir el IVA no cuenta con muchos adeptos en Economía y Hacienda, no sólo por el posible impacto inflacionista que podría tener y por el hecho de que el IVA no es un impuesto consolidado todavía -hay un nivel de fraude elevado-, sino también porque aumentar el tipo medio del IVA puede perjudicar las exportaciones españolas a medio plazo.En este sentido, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo ayer en la escuela de verano del PSOE que no le "gusta la fórmula de elevar el IVA a cambio de reducir las cotizaciones sociales". Advirtió que las cotizaciones sociales en España no son excesivamente altas y que cualquier reducción adicional "se debe hacer garantizando el nivel de ingresos".

Estos motivos parecen aconsejar revisar la compensación de la baja de cotizaciones sociales con un impuesto que recargue el consumo de energía. Y aquí caben bastantes variantes. Lo lógico sería que sólo se gravara el consumo final de productos contaminantes, no los procesos intermedios necesarios para la actividad productiva, ya que de otra manera se afectaría a las posibilidades competitivas de las empresas españolas. Es decir, si se decidiera introducir este recargo en el consumo de energía eléctrica, se haría en el recibo de las viviendas, no en la energía industrial. Lo mismo pasaría con los carburantes, que soportarían un nuevo impuesto en los surtidores finales.

Otro problema a decidir es cómo se reducen las cotizaciones, sociales. En qué proporción los menores ingresos proceden de bajar la cuota empresarial y en cuál la parte de los trabajadores. En la actualidad, y dejando a un lado lo que el Estado financia directamente, la cuota empresarial supone el 80% y la aportación de los trabajadores el 20%. Las alternativas que se manejan son que todo lo recaudado se aplique a reducir la cuota empresarial -que figura- entre las más altas de la UE- o que se haga en la proporción de financiación que existe ahora: cuatro partes la empresa y una el trabajador.

En todo caso, como señalaba Joaquín Almunia -presidente del Grupo Parlamentario Socialista y participante en las conversaciones entre el Gobierno, PSOE y CiU-, "la reducción de las cotizaciones a la, Seguridad Social no será general para todos los trabajadores y todas las categorías, sino que será selectiva". El objetivo de estas reducciones es favorecer la competitividad de las empresas españolas y ésta se encuentra más afectada en las empresas intensivas en mano de obra y entre los empleos de baja cualificación, en las que es dificil competir con las, empresas de los países emergentes. Se trataría, pues, de reducir el peso de la cotización a la Seguridad Social en este tipo de actividades.

En el terreno de medidas de apoyo al empleo y aumento de la competitividad de las empresas, Convergència i Unió propuso que se estudiará la posibilidad de prorrogar los contratos de fomento del empleo que, con motivo de la introducción de la reforma laboral, quedaron derogados aunque a algunos de ellos se les aplicó ya una prórroga de un año y medio. Estos contratos de fomento de empleo constituyen una relación laboral que no necesita demostrar su causalidad.

El Gobierno quiere recuperar este tipo de contratos, aunque, no con carácter general, y estudia limitarlos para autónomos que contraten a un primer asalariado. Incluso se plantea extenderlos a empresas de menos de cinco trabajadores.