El fin Y los medios

Diez años después de que mercenarios extranjeros contratados por servicios españoles y amparados por las inconvincentes siglas GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) desataran en el País Vasco francés una sangrienta campaña de atentados contra refugiados de ETA, el fiscal general del Estado ha sentado doctrina sobre aquella criminal aventura que dejó tras de sí más de veinte asesinatos. La ocasión para ese pronunciamiento ha sido el preceptivo informe -rotundamente negativo- dictado por el ministerio público sobre la petición de indulto del ex subcomisario Amedo y el ex inspector Domínguez, condenados a 108 años de cárcel. Vistas la celeridad, la brevedad y la contundencia de la respuesta dada por Carlos Granados, recién llegado al cargo, se entiende cada vez menos que su predecesor Eligio Hernández no llegase a presentar nunca su informe y marease la perdiz durante casi dos años.La solicitud de clemencia invocaba el altruismo de Amedo y Domínguez al organizar su empresa criminal, orientada a combatir a ETA con las mismas armas que utilizan los terroristas. El fiscal Granados rechaza esa torticera justificación recordando que el empleo de medios desaprobados por el ordenamiento jurídico es ilícito y condenable, cualquiera que sea el fin buscado. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que rechazó hace un año el recurso de casación de los dos ex policías previamente condenados por la Audiencia Nacional, hace suyas las razones del fiscal general del Estado y se pronuncia también contra la concesión del indulto. Por muy graves, odiosos y crueles que hayan sido (y sigan siendo) los atentados etarras, un Estado de derecho no puede volver contra esos sanguinarios asesinos sus aborrecibles métodos ni permitir tampoco que otros lo hagan por su cuenta; y menos aún si esos adictos a la ley del talión son funcionarios públicos que desvían hacia propósitos delictivos los recursos presupuestarios y los símbolos de autoridad puestos a su disposición por el ordenamiento constitucional.La guerra sucia contra ETA no se libró solamente bajo el mandato socialista; los atentados del llamado Batallón Vasco-Español y el asesinato de Argala en diciembre de 1978 ocurrieron durante la época de UCD. La oscura historia de lucha antiterrorista subterránea remite a una vieja discusión: ¿puede un Gobierno democrático utilizar contra los enemigos de la libertad procedimientos justificados por la razón de Estado pero rechazados por la moral y por el derecho? Con su típica combinación de lucidez, ironía y escepticismo, Max Weber ya advirtió que "quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, sella un pacto con el diablo". Si las conexiones entre las tramas de los GAL, el caso Roldán y el saqueo de los fondos reservados llegasen a ser probadas, las advertencias weberianas sobre la suerte de los políticos ("esas potencias diabólicas inexorables originarán consecuencias que afecten a tanto a su actividad como a su propia alma") podrían ser aplicadas a Felipe González y a varios de sus ministros. Pero un Estado de derecho, cualesquiera que sean las prácticas delictivas realizadas por algunos de sus servidores, no tolera espacios de extraterritorialidad penal para quienes infringen las leyes y son considerados culpables por los tribunales.

El caso Amedo sigue viaje; no siendo vinculantes los informes preceptivos del fiscal general del Estado y del Supremo, el Consejo de Ministros deberá pronunciarse en fecha próxima sobre la procedencia de conceder o no el indulto. Si el Gobierno rechazase -como parece probable- la medida de gracia, los dos ex policías podrían seguir aspirando a obtener el tercer grado penitenciario, régimen de excarcelación parcial que les obligaría únicamente a pernoctar en prisión: un beneficio de concesión discrecional y susceptible de ser juzgado según criterios comparativos de equidad, pero cualitativamente distinto del indulto.