Leguina decidirá por "sentido común" qué' zonas comerciales son turísticas

VIENE DE LA PÁGINA 1La Comunidad de Madrid Ya a ser muy tolerante en su regulación de los horarios comerciales en lo que queda de ano y fundamentalmente durante el verano. Este domingo, a pesar de ser el primero del nuevo calendario comercial en que cerrarán las grandes superficies, abrirán sus puertas los ultramarinos de las zonas turísticas.

La ley regional de horarios y calendarios comerciales es un parto que va cumpliendo lentamente sus plazos. Empezó a discutirse en diciembre, se elaboró el primer borrador en marzo, se aprobó el 6 de junio, la semana pasada se precisaron los 12 festivos en que se permitirá abrir hasta final de año y ayer se esbozaron las posibles excepciones generales.

El decreto que regula las posibles excepciones señala cuáles son los procedimientos para solicitar esta particularidad. La solicitud puede partir tanto de ayuntamientos como de asociaciones gremiales.

Los municipios podrán pedir hasta un máximo de dos días de apertura por fiestas locales, que se sumarán a los 12 especificados por la Comunidad. La Consejería de Economía se encargará de precisar las zonas turísticas mediante una orden que tendrá en cuenta dos requisitos: que los ayuntamientos interesados lo soliciten con urgencia en los próximos 10 días y que demuestren su importancia turística. Los municipios deben, además, indicar para qué periodos del año demandan esa libertad de horarios.

El 'turistómetro'

Espinar no pudo ser más preciso al requerírsele que concretara el método por el que se medirá esa afluencia turística: "Todavía no está inventado el turistómetro, así que habrá que aplicar desde la Consejería de Economía y desde la Mesa de Comercio el sentido común".

Al margen de esta apreciación, existen métodos como el incremento del gasto de agua, de electricidad, de la basura o incluso el aumento del parque automovilístico en esas fechas, para medir la importancia turística de un municipio. También hay perspectivas históricas: "Chinchón, Aranjuez, Colmenar de Oreja y los ayuntamientos de la sierra y de la sierra pobre estarán, seguro, entre esas excepciones", adelantó Espinar. En Madrid, por ejemplo, se incluye todo el Rastro, pero no, por ahora, las tiendas de filatelia y numismática situadas alrededor de la plaza Mayor.

Luis María Huete, primer teniente de alcalde de Madrid, insistió en que su pretensión consiste en que sea toda la zona centro una excepción turística, pero señaló que antes de plantear sus reivindicaciones se reunirá con las asociaciones de comerciantes afectadas.

Espinar admitió que 1994 será "la prueba para que la ley llegue rodada a l995".

La tercera excepción hace referencia a zonas de la región o a determinados sectores comerciales por su "exclusividad, especialidad y singularidad". Ayuntamientos y empresarios implicados deberán acompañar con su solicitud un informe preceptivo de asociaciones comerciales, sindicatos o consumidores sobre el ámbito afectado. El presidente de la patronal de las grandes superficies, José Serrano, ha confirmado que sus asociados -la mayoría de los hiper- cerrarán sus puertas este domingo, y recordó que tal hecho. traerá como consecuencia "la pérdida de 3.100 empleos directos y 8.000 indirectos, así como cambios en las jornadas, horarios y turnos".

Por otra parte, el presidente regional, Joaquín Leguina, remitirá hoy o el lunes al alcalde, por la vía literaria, una oferta negociadora sobre el conflicto de los nuevos barrios por los que crecerá la ciudad. Ayer se la adelantó por teléfono. Leguina le escribirá a José María Álvarez del Manzano una carta en la que le insta a una nueva negociación, a concretar en los próximos dos meses, pero con un contenido nada novedoso.

Polémicos barrios

El presidente autonómico intenta desbloquear el enfrentamiento entre los técnicos urbanísticos de la Comunidad y del Ayuntamiento proponiendo un consorcio público entre ambas administraciones para desarrollar en 5 o 10 años unas 36.000 viviendas en esos barrios, muchas de protección oficial.

Ramón Espinar, el consejero portavoz de la Comunidad, ése es el preacuerdo asegura que que las dos administraciones habían alcanzado hasta el momento en que el Ayuntamiento dio marcha atrás.

El Ayuntamiento quiere que la Comunidad -que tiene competencias plenas en urbanismo- le recalifique de golpe el suelo suficiente para edificar en los próximos 20 años hasta 72.000 viviendas.

El ex alcalde Juan Barranco, del PSOE, comentó ayer que el Gobierno municipal del PP tan sólo pretende calificar 22 millones de metros cuadrados y promover 72.000 viviendas para beneficiar a los promotores inmobiliarios: "Sólo fomentan la especulación, no la construcción de pisos para los madrileños que menos dinero tienen". El portavoz socialista reclamó la creación de una mesa por la vivienda donde estén representados los vecinos, los promotores y los políticos para definir las necesidades de Madrid y elaborar planes de actuación.

El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, calificó la decisión adoptada por el PSOE, con el apoyo de IU, como "una gran cacicada".