UGT, responsable civil del 'caso PSV', según Moreiras

EL PAÍS El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, considera al sindicato UGT responsable civil subsidiario de las consecuencias para los cooperativistas de PSV del desvío para otros fines del dinero entregado por estos para la construcción de sus viviendas. Fuentes jurídicas próximas a la investigación informaron ayer que la culpabilidad subsidiaria de UGT se desprende de las indagaciones que obran en el sumario y de las declaraciones de algunos de los principales implicados. El sindicato es el propietario de la cooperativa PSV y también de la gestora IGS. El montante total de las aportaciones de los cooperativistas que, sin embargo, no están justificadas contablemente para la compra del suelo y la promoción de las viviendas, asciende, según estas mismas fuentes, a 20.000 millones de pesetas.

El juez Moreiras finalizó ayer la toma de declaración a Sebastián Reyna, responsable de las finanzas de UGT. Al contrario de lo que sucediera con Carlos Sotos y Paulino Barrabés, Reyna quedó en libertad, aunque sigue constando en el sumario como inculpado.

Carlos Sotos, ex gerente de PSV, y Paulino Barrabés, ex miembro de la ejecutiva de UGT y ex presidente de PSV, continuarán en la cárcel de Carabanchel al menos dos semanas más, según estimaciones jurídicas. El auto aclaratorio de los motivos de la prisión sin fianza fijada por Moreiras para ambos no será ultimado por el juez antes de diez días. El magistrado parece ser partidario de no precisar plazo ni cuantía de fianza, sobre la base de que los delitos de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y estafa de los que ambos son presuntamente culpables son susceptibles de penas de prisión mayor superiores a doce años. La salida de prisión dependerá, una vez entregados los autos a las partes, del previsible recurso y de la decisión que adopte la Sala de la Audiencia Nacional.

La instrucción del sumario se prolongará todavía por varios meses. Entre los posibles incriminados que pueden seguir el camino de Sotos y Barrabés, se citan a Ignacio López y Fermín Bretón. L6pez es el yerno de Nicolás Redondo y Bretón es uno de los socios tradicionales de Carlos Sotos.

Contradicciones

En las actas de las declaraciones figuran importantes contradicciones entre los inculpados. Sotos y Barrabés sostuvieron ante el juez que el desencadenante de la crisis fue la falta de apoyo del Gobierno, especialmente cuando, en el verano de 1992, solicitaron en vano el desbloqueo de los créditos destinados a la construcción de viviendas. Por aquel entonces, las necesidades de financiación de PSV rondaban los 40.000 millones de pesetas. La versión del secretario de Finanzas del sindicato, Sebastián Reyna, es sustancialmente distinta. Reyna culpa directamente a la falta de credibilidad de Sotos en el mundo financiero y a la inexistencia de bienes hipotecables de la agonía financiera de PSV. Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que Moreiras adoptó la decisión de encarcelar a Sotos y Barrabés a la vista de la comisión de evidentes irregularidades, como los elevadísimos gastos de gestión futura. Éstos fueron especialmente elevados en el caso de la promoción de Valdebernardo. De acuerdo con los datos aportados en el transcurso de las declaraciones, de un total de 14.000 millones de pesetas aportados por los cooperativistas, 10.700 millones se destinaron al capítulo de gastos de gestión de futuro sin ninguna justificación documental que los avale. Otra de las operaciones que más han llamado la atención de Moreiras es la compra de la aseguradora Unial. IGS, la promotora de las viviendas, pagó a UGT más de mil millones de pesetas por una empresa que estaba en quiebra. Fuentes de la investigación sospechan que, con este mecanismo, el dinero de los cooperativistas se desviaba a financiar el entramado de 27 empresas formado por la central ugetista. El resultado de la mala gestión y del posible enriquecimiento personal de algunos de los responsables -extremo éste todavía no probado- fue la desaparición de 20.000 millones de pesetas del dinero entregado por los cooperativistas para las diversas promociones proyectadas en diversos lugares de España.

Libertad sin fianza

La tensión generada por los encarcelamientos de Carlos Sotos y Paulino Barrabés se alivió ayer cuando Sebastián Reyna, tesorero de UGT que tuvo responsabilidades en la cooperativa desde julio de 1993, salió en libertad sin cargos de la Audiencia Nacional, tras declarar por segundo día ante el juez Moreiras. Varios abogados querellantes coincidieron en señalar que Reyna había arrojado luz sobre las relaciones de PSV con el sindicato, y que su vinculación con el caso era tardía y escasa. "Estoy contento", dijo Reyna a su salida de la Audiencia, "porque ahora podemos dedicar nuestros esfuerzos a resolver los problemas de las promociones".

Reyna admitió, tras terminar su declaración, que la imagen de UGT "estaba muy tocada" por la crisis, y dijo que había que ponerse a trabajar para que el sindicato recupere su prestigio, "pero construyendo las viviendas, que es lo que realmente importa".

El letrado que representa a los cooperativistas de Valdebernardo, Joaquín Ruiz-Giménez, precisó ayer a este diario que Reyna -pese a lo afirmado el miércoles por el también querellante Francisco Méndez Goas- sí está incluido en la querella queé1 tramita, y que, por tanto, no le corresponde a él valorar si la actuación del tesorero fue o no constitutiva de delito.

En una posterior conferencia de prensa, Reyna, acompañado por el líder del sindicato, Cándido Méndez, afirmó que el desenlace de su declaración viene a confirmar "el reconocimiento de nuestra responsabilidad moral, pero también nuestras manos limpias, y que no ha habido ninguna actuación delictiva por parte de los dirigentes de UGT". El sindicalista reiteré que "no ha existido afán de lucro por parte de UGT. Sólo se han cobrado de IGS cantidades por los servicios materiales y personales prestados. Esas cantidades no han puesto en peligro el proyecto", en alusión a las 80.000 pesetas cobradas a cada cooperativista, según consta en los contratos firmados con ellos.