Los socialistas aseguran que Rubio eximió de responsabilidad a González y Solchaga

Los diputados socialistas que integran la comisión Rubio están satisfechos de su trabajo en la larga comparecencia del ex gobernador del Banco de España, el lunes y el martes pasados. "Mariano Rubio reconoció no haber estado a la altura de la confianza depositada en él por el Gobierno", asegura Juan Pedro Hernández Moltó, para quien a partir de este reconocimiento las responsabilidades políticas por el escándalo Rubio "quedan ya muy claras y no salpican en absoluto ni al presidente del Gobierno ni a Carlos Solchaga". Otros grupos, sin embargo, discreparán de esta tesis, que se discutirá en septiembre.

La comparecencia de Rubio resultó fructífera al menos para uno de los grupos parlamentarios, el socialista. Los diputados del PSOE aseguran haber logrado arrancarle una confesión a medias sobre lo que consideran el aspecto básico, desde el punto de vista político, que trata de esclarecer la comisión.La investigación tiene por objeto analizar el patrimonio de Rubio y el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias durante el periodo en que tuvo cargos de responsabilidad. Pero de ese análisis podrían desprenderse también responsabilidades políticas.

Hernández Moltó reconoce que fue complicado y asegura que Rubio trató de eludir la respuesta a sus preguntas, acerca de si había mentido o no al presidente del Gobierno y al entonces ministro de Economía. Los dos políticos le preguntaron si el escándalo Ibercorp que acababa de estallar le afectaba en algo más que el enmascaramiento de su nombre como vendedor de acciones de Sistemas Financieros. Rubio aceptaba que había dañado la imagen del Gobierno, pero no avanzaba más allá.

"Después de tres preguntas sobre la misma cuestión", señala Hernández Moltó, "le dije si no creía que no había estado a la altura de la confianza depositada en él por el Gobierno. Rubio contestó que, planteado en esos términos, sí había faltado a la confianza".

Para el diputado socialista, esta afirmación limita claramente las responsabildades políticas del escándalo Rubio que no afectarían ni a González ni a Solchaga-, ya que viene a ser el reconocimiento de que el ex gobernador ocultó datos sustanciales al presidente del Gobierno y al entonces ministro de Economía para que éstos pudieran haber incurrido en algún tipo de responsabilidad por mantenerle al frente del banco emisor desde febrero a julio de 1992.

Si bien la cuestión de las responsabilidades políticas parece clara a los ojos de los socialistas, otra cosa es lo que opine el resto de los grupos parlamentarios. Sigue sin verse la luz en lo referente al uso de información privilegiada o al tráfico de influencias. Aunque Mariano Rubio descartó cualquier posibilidad en este sentido, los grupos políticos mantienen sus reservas.

El diputado del PNV Emilio Olabarría, por ejemplo, reconoce que "no tenemos fundamentos probatorios de que hubiera transmisión de información privilegiada, aunque no lo descartamos". Para el diputado vasco "aunque no queremos prejuzgar, ya que sobre el tráfico de influencias sólo puede hacerlo un juez" sí existen indicios de cierta magnitud de que pudo haberlo.

Para Olabarría hay que tener en cuenta que el ex gobernador ocupa un lugar central en todo el entramado de Ibercorp "ya que los titulares de dicho entramado o bien son familiares -Carlos Pittaluga, André Laurent Atthalin o la misma María Teresa Rubio-, amigos íntimos -Manuel de la Concha, Jaime Soto- o antiguos compañeros en la más alta dirección del Banco de España, como Juan Antonio Ruiz de Alda, ya fallecido".

El próximo jueves Manuel de la Concha comparecerá ante la comisión del Congreso que investiga el caso Rubio. El ex síndico de la Bolsa de Madrid acudirá a la comisión -que con ello cierra sus trabajos hasta septiembre- después de haber abandonado la prisión de Alcalá-Meco, tras pagar una fianza de 50 millones de pesetas. El juez instructor José Emilio Coronado había impedido que declarase mientras estaba en prisión.