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Roto el acuerdo para decidir el tamaño de los nuevos barrios de Madrid

Los nuevos barrios por los que crecerá Madrid ya están en los folletos de las promotoras privadas,, aunque la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid no han conseguido aún ponerse de acuerdo en su tamaño después de un año y medio de conversaciones. El concejal de Urbanismo quiere que la ciudad se extienda con 72.000 nuevas casas y pide a la Comunidad que apruebe una modificación del plan general que lo permita. La Consejería de Política Territorial reduce ese crecimiento a la mitad.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el presidente regional, Joaquín Leguina, hablaron ayer a las diez de la mañana sobre este asunto. El alcalde vio factible entonces la propuesta de Leguina consistente en permitir 36.000 viviendas en cinco de los seis barrios cuya ampliación propone el Ayuntamiento: 16.000 de protección oficial (al precio de entre 9 y 12 millones), 10. 000 con precio tasado (entre 12 y 16 millones), y el resto, de precio libre. "Estamos trabados únicamente en una cuestión formal: cómo se va a realizar la recalificación de esos suelos", concluyó Leguina.El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, mantuvo ayer, pese al anuncio de Leguina, su apuesta inicial de crecimiento de la ciudad: "O todos [los barrios] o ninguno. Y si deciden no aprobar nuestros seis barrios [PAUS], tendrán que dar explicaciones a los madrileños".

El edil conversó ayer telefónicamente con su homólogo en la Comunidad, José María Rodríguez Colorado, sobre las 11.00. La charla no acercó sus encontradas- posturas y tres cuartos de hora más tarde, Echeverría denunció la conducta del Gobierno de Leguina: "Están obsesionados en inmiscuirse en las competencias del Ayuntamiento", dijo, y anunció una última oferta: "Que nos aprueben los seis nuevos barrios para 72.000 viviendas y nosotros iniciaremos solamente la tramitación para 36.000. Estaríamos dispuestos a reservar suelo para 8.000 viviendas baratas y otras 6.000 del mismo tipo si la Comunidad las subvenciona".

Rodríguez Colorado considera "preocupante" esta posición. "Los servicios jurídicos nos dicen que lo que piden no es una modificación puntual. Su plan supone un plazo de 20 años. Que empiecen con la mitad y ya se revisará el plan general de acuerdo también con otras previsiones".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de julio de 1994

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