Abrir una farmacia
Ante la aparición en EL PAÍS de publicidad del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, conviene resaltar también la cruz de la moneda, poniendo de manifiesto varias situaciones reales constatadas en mi propio intento de apertura de una oficina de farmacia.Existe una serie de discriminaciones amparadas en las propias normas legales vigentes, otras producidas por una falta de estandarización estatal en el procedimiento y otras son causa de la aplicación de hecho y de la deformación práctica que sufren las normas legales ("quien hace la ley hace la trampa").La duración de la resolución de una solicitud de apertura de oficina de farmacia en un municipio donde ya exista una, pero por las condiciones del lugar y de acuerdo con las normas vigentes se requiera otra, es de cinco a ocho años, poniendo de manifiesto que, aunque dicha tardanza en principio pudiese atribuirse a los mecanismos judiciales, algo falla en la norma para que siempre se haya de resolver por la vía judicial.
Es posible abrir una nueva farmacia en un municipio de cinco habitantes, mientras que, por norma general, no lo es en un municipio de 3.999 habitantes con una oficina ya establecida.
En algunos colegios oficiales,
en delegación del ministro de Sanidad", te facilitan gratuitamente una lista con las oficinas de farmacia abiertas en la provincia y otra con las peticiones de apertura, pero en otras (Asturias, por ejemplo) se niegan a darte dicha relación alegando que lo acordaron en reunión plenaria de sus colegiados; más aún, en, otros (Madrid, por ejemplo) realizan un cobro de la información, sin poder explicar la base para el cobro de tales honorarios, dado que la petición de la información se realiza a los colegios en base a que son delegados explícitos del ministro de Sanidad a tales efectos, y ésa es la principal naturaleza de su existencia.
Sin duda la más notable discriminación territorial se produce en el cobro de "depósitos" (tasas) para la apertura del expediente de solicitud de una nueva oficina de farmacia, haciendo caso omiso de resoluciones existentes en sentencias del Tribunal Supremo que recogen la falta de base legal para el cobro de dichas tasas, y de las cuales tienen cumplido conocimiento los colegios oficiales de farmacéuticos. En concordancia con lo antedicho, se origina que en unas provincias te cobran hasta 100.000 pesetas y en otras no te cobran nada.-
