Un error del PP fuerza una actualización de alquileres no deseada por ningún partido

Un fallo de coordinación del Grupo Parlamentario Popular se convirtió ayer en el protagonista del debate del proyecto de ley de arrendamientos urbanos (LAU) en el Pleno del Congreso. Su apoyo a un voto particular de Convergéncia i Unió desmanteló el esquema previsto de actualización de las rentas de las viviendas. Los diputados populares anunciaron que rectificarán su error en el trámite del Senado, que tendrá lugar una vez concluyan las vacaciones parlamentarias. Hasta entonces no se sabrá cómo ni a quién afectará la actualización de las rentas

"Ha sido un error de coordinación", se lamentaban en los pasillos del Congreso los diputados del PP responsables de las negociaciones sobre la ley de alquileres, Luis Ortiz y Teófila Martínez. Ese error -el haber apoyado un voto particular de CiU, que contó también con el apoyo de Izquierda Unida- supone que sólo se actualizarán (recuperarán el IPC desde que se firmó el alquiler) las rentas de contratos anteriores a 1965 de los inquilinos que tengan ingresos familiares superiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional (2,9 millones de pesetas).Según el dictamen de la comisión, la actualización afectaría a todos los contratos anteriores a 1965, si bien las rentas inferiores tendrían un plazo mayor para realizarla y subvenciones oficiales. Terminada la sesión, los responsables del PP anunciaron que enmendarían su equivocación en el Senado.Locales comerciales

El paso del proyecto de ley por la Cámara Alta traerá además otras modificaciones, especialmente importantes en lo referente a arrendamientos de locales comerciales, que ya sufrieron ayer cambios respecto al dictamen inicial.

Según una enmienda transaccional del PSOE, a las personas jurídicas se les ampliará el plazo de extinción de contrato. El dictamen inicial de la comisión estipulaba 15 años (si la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es inferior a 70.000 pesetas). Ahora se eleva a 20 años. También se estipulaba un plazo de 10 para cuotas de IAE entre 70.000 y 120.000 pesetas, y ahora ha quedado establecido en 15.Según afirmó en conferencia de prensa tras la sesión José Borrell, ministro de Obras Públicas, en el Senado permanecerá el criterio fiscal del IAE para establecer el plazo de extinción de contrato del local, pero se tendrá en cuenta la diferencia de cuotas que hay entre unas ciudades y otras dado el peso que las decisiones municipales tienen en la composición de este impuesto. "Habrá una nueva lectura", dijo Borrell para intentar corregir esta disfunción. Asimismo, la cuota del IAE se considerará local por local y no será acumulable.Los representantes de los partidos políticos destacaron ayer los esfuerzos realizados para conseguir un alto nivel de acuerdo en el proyecto. Este acuerdo es unánime en el régimen para futuros alquileres de vivienda, según el cual, los nuevos contratos tendrán un año de duración que el inquilino podrá prorrogar hasta cinco.El ministro señaló que el acuerdo alcanzado en el proyecto "demuestra que los Parlamentos sirven para adoptar soluciones pactadas y decidir asuntos que afectan a muchos ciudadanos. Y eso es importante en un momento como éste".