El Partido Popular pide que se paralice el redespliegue de la Guardia Civil

El senador del Partido Popular (PP) José María Escuín pidió ayer a la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, que paralice de inmediato el plan de redespliegue de la Guardia Civil, ya que 9a fuerza que tiene hoy el apoyo del pueblo español se opone absolutamente a esa política". Escuín acusó al Gobierno de ocultar al Parlamento la lista de los 1.037 puestos de la Guardia Civil que proyecta cerrar y aseguró que este plan "puede atentar seriamente a la seguridad ciudadana".

Margarita Robles replicó manifestando: "Que yo sepa, lo que se ha elegido son los representantes en el Parlamento Europeo y creo que no se ha planteado una moción de censura por su grupo, así que el Gobierno tiene la obligación de seguir gobernando".La secretaria de Estado se mostró sorprendida de que el PP defienda la modernización de la Guardia Civil y, al mismo tiempo, pretenda mantener un despliegue territorial que, en sus líneas fundamentales, data de la fundación del instituto armado, hace 150 años.

Robles explicó que Interior realizó entre 1989 y 1990 un exhaustivo estudio sobre el despliegue de la Guardia Civil, como consecuencia del cual se han cerrado 385 puestos y se ha planteado el cierre de un total de 1.037, sobre los 2.938 que existen. Negó, sin embargo, que esta política obedezca al deseo de ahorrar dinero, pues la plantilla del cuerpo ha aumentado en 8.931 agentes desde 1990, y argumentó que las casas-cuartel con cinco o menos guardias "aunque den sensación de seguridad, son la antítesis de la misma", pues apenas pueden atender su propia vigilancia. Con todo, Robles dio a entender que el plan está sometido a revisión y se mostró dispuesta a consultar con los partidos los criterios del despliegue, aunque no la lista de puestos a cerrar.

Respecto a la Guardia Civil de Tráfico, anunció que en 1995 se inaugurará la academia de Mérida y que su plantilla crecerá de 7.700 a 12.000 miembros en los próximos cinco años. En los pasillos del Senado, Margarita Robles declaró que "el Gobierno va a poner todos los medios necesarios para garantizar la tranquilidad y seguridad" de los empresarios y profesionales de Madrid y el País Vasco que en los últimos días han recibido nuevas cartas de chantaje de ETA.