Un gueto en La Cañada
Kilómetro 12 de la carretera de Valencia, junto al vertedero de Valdemingómez, cerca de la granja de cerdos, antes de llegar a la incineradora: allí están los gitanos.Los chiquillos corretean por el barro con sus pies desnudos; ni ellos ni sus padres conocen todavía los efectos de la insalubridad del lugar, sometido a prohibición urbanística por las autoridades de la Comunidad de Madrid. No son los gitanos quienes han infringido la norma, ellos no han llegado allí por su voluntad. Sorprendentemente, es el gobierno municipal el que ha decidido la construcción de este nuevo foco de chabolismo gitano en La Cañada.
Comenzó a construirse el pasado 9 de mayo; ante la incredulidad de todos, vimos cómo el propio gobierno municipal, que es precisamente el que debe ve lar por la legalidad urbanística y el que tiene, a su vez, la máxima responsabilidad de promover la integración social de las personas y familias que en nuestra ciudad viven en la marginación, invertía sus funciones: trasladaba a los gitanos fuera de la ciudad y se erigía en chabolista en las inmediaciones del verte dero, donde cada día Madrid deposita sus más de tres millones de kilos de basura. Con la mayor diligencia, desde la Gerencia de Urbanismo, departa mento de empresas de gestión de suelo, se dirigía la operación de la construcción de chabolas, se suministraba la luz desde el vertedero y agua desde la incineradora. Ese fenómeno se producía en la capital de España, a la vez que nuestro país acogía el Primer Congreso Mundial Gitano y asumía desde las más altas instancias, con la presencia directa de la Reina y el presidente del Gobierno, el compromiso social e institucional a favor de la convivencia e integración social de la minoría gitana en España.
En Madrid, ante la protesta social, destacados miembros del Partido Popular (PP) manifiestan su vergüenza ante el problema. En este contexto, el Ayuntamiento se compromete a paralizar el asentamiento gitano de La Cañada. Una vez más se percibe la falta de cohesión en el equipo de gobierno y se ve cuestionada la autoridad del alcalde, que ante la presión decide mantenerla y no enmendarla, y se apresura a declarar que él mismo ha dado las órdenes. Así, se instalan en una misma causa los intereses especulativos sobre el suelo urbano que habitan los gitanos en Madrid y el gobierno de la sinrazón ante el atropello cometido. Desde entonces, el equipo de gobierno municipal ha ido acelerando el derribo de chabolas ubicadas en zonas urbanas de Madrid y, a la vez, las 32 familias inicialmente trasladadas a La Cañada. alcanzan ya 55.
El gobierno municipal hace caso omiso de la decisión de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, que inicia expediente contra los responsables municipales por el asentamiento de La Cañada y, siguiendo su propio empeño, rechaza la proposición que al efecto los grupos políticos de la oposición elevan al pleno del Ayuntamiento de Madrid.
En ese pleno, el PP fija posiciones al respecto. Quienes se sentían avergonzados Por los hechos matizan que no es la decisión municipal la causa de su vergüenza, sino el mismo chabolismo, propio de un tercermundismo que no se corresponde con una ciudad moderna como Madrid. "Nos avergüenza que en pleno Madrid tengamos chabolismo", sigue manifestando el PP, pero de espaldas a La Cañada, mirando hacia cualquier punto de la ciudad donde familias gitanas residen en zonas urbanizables, pendientes de realojo, o desalojo en su caso, para dar vía libre a rentables operaciones urbanísticas. A su vez, afirman sin rubor que llevarán a cabo su decisión de realojar a las familias de Los Focos, negándose a anular el acuerdo de la Empresa Municipal de la Vivienda por el que se preveía el traslado a La Cañada de otras 100 familias provenientes de Los Focos.
Si se consolida este asentamiento gitano de La Cañada, ¿quién podrá evitar que la zona del vertedero se constituya en asentamiento progresivo de familias gitanas que hoy residen en Madrid en suelo urbanizable? ¿Cómo afrontar la ignominia de la existencia de este gueto gitano creado por las autoridades de la ciudad? ¿Quién se librará de las consecuencias de haber quebrado la solidaridad institucional en nuestra ciudad?
Quizá desde allí, donde nuestra ciudad vierte las basuras, revierta como un eco el ¡ayyy! de una siguiriya que, como el cante de Camarón (que recibió la medalla de Madrid), conmueva a la ciudad con su quejido. Es necesario que Madrid reaccione antes de que nuestra ciudad vuelva a tropezar de nuevo con la misma piedra del racismo, evitándonos la vergüenza y el horror que tuvimos que sufrir con motivo del crimen de Aravaca.
Madrid no puede convertirse otra vez, en referente, para España y para Europa, del racismo. Los principios en los que se asienta nuestra democracia, y además la tradición abierta y solidaria de los madrileños, exige que con la mayor urgencia sea desmantelado el asentamiento de La Cañada Real y se retomen y reactualicen los convenios para la política de realojos, prevención y reinserción social que durante el mandato municipal socialista se aprobó en el pleno celebrado en febrero de 1989 para la erradicación del chabolismo en la ciudad.
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