Los ministros de Justicia europeos preparan un convenio anticorrupción

ENVIADO ESPECIALLa 19ª Conferencia de Ministros Europeos de Justicia, organizada por el Consejo de Europa y reunida en Malta, ha comenzado a elaborar un convenio europeo contra la corrupción. El objetivo del convenio será coordinar las actuales medidas penales, civiles y administrativas de carácter estatal y complementarlas con otros instrumentos internacionales para acabar con las conductas corruptas. Participan en la reunión más de 30 representantes, en su mayoría ministros de Justicia europeos, y enviados de EE UU, Rusia y otros Estados.

En la sesión de apertura, el primer ministro maltés, Edward Fenech Adami, se remontó al Antiguo Testamento para explicar que la corrupción existe desde siempre. Añadió que lo peor de ella es su carácter subterráneo y que "la máxima desfachatez es la corrupción institucionalizada", y destacó que, más importante que las definiciones legalistas, es la indignación moral que produce la corrupción, que redujo a "un problema de valores".

Más pragmático, el secretario general adjunto del Consejo de Europa, Peter Leuprecht, evaluó que entre el 10% y el 15% del precio de lo que consume un ciudadano es lo que paga por la corrupción. Leuprecht se refirió al carácter especialmente europeo de esa gangrena y a la amenaza que significa para la democracia. Mientras se elabora el nuevo convenio, animó a los Estados del Consejo de Europa a firmar el aprobado para luchar contra el blanqueo del dinero procedente del delito, hasta ahora firmado sólo por el Reino Unido, Bulgaria, Italia, Suiza y Holanda.

Entre el material básico para la elaboración del futuro convenio contra la corrupción, la conferencia tuvo ayer en cuenta el informe del ministro de Justicia italiano, Alfredo Biondi, que sugiere una definición jurídica común. Entre otras propuestas figura la de que se castigue como delito la financiación ilícita de los partidos políticos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la de los funcionarios extranjeros, así como el secuestro y confiscación del producto de la corrupción.

La aportación española a la conferencia quedó ayer limitada a las medidas políticas aprobadas en los últimos meses, si bien la representante española, María Paz Fernández Felgueroso, secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, declaró que "España quiere participar activamente en la iniciativa europea de erradicación de la corrupción, fenómeno universal".