EL LABERINTO DE LA ADMINISTRACIÓN

El día que Ignacio Sánchez Cuenca decidió abandonar el piso de la calle de Jesús del Valle, 8, en el centro de Madrid, no sabía lo que se le venía encima. Pagaba 115.000 pesetas mensuales por una vivienda espaciosa. Hace poco más de un año, la propietaria le anunció una subida de 30.000 pesetas. Ignacio no podía afrontar esa renta y decidió buscar otro acomodo más ajustado a su economía, la de un sociólogo becario en trance de desarrollar una tesis doctoral.Sabía que la casera no devolvía las fianzas. Como había pagado por adelantado tres mensualidades, continuaría en la vivienda dos meses después de vencido el contrato, de modo que podría recuperar dos anticipos. Pero la víspera de marcharse, recibió su primera cita ante los juzgados. No sería la última. Lleva más de veinticinco.

Su casera, J. C., le demandaba por falta de pago. La justicia sentenció que Ignacio debía abandonar la casa -algo que ya había hecho- y devolver las llaves. Ningún vecino quiso hacerse cargo de ellas. Tenían sus razones. Cada uno de ellos soportaba un amplio historial de demandas de J. C., una querulante de manual, que tiene al vecindario al borde de la locura.

María Nieves Vázquez, maestra de 64 años, es la vecina más antigua. Conoce a J. C. desde la posguerra. Después de más de 32 años de convivencia no sabe ya qué hacer para librarse de la carga que supone compartir una casa con una persona que tiene sometidos a los vecinos a una "psicosis denunciadora. En este inmueble hemos recibido hasta diez denuncias mensuales", dice uno de los escritos dirigidos al juez por la comunidad de vecinos. Muchos no se atreven a abrir la puerta, no sea que se trate de una nueva citación judicial.

J. C. ha denunciado al alcalde, a la Policía Municipal, a su cuñado, al dentista, a todos los presidentes de la comunidad de vecinos, a la que debe más de un millón de pesetas. "Nos sentimos completamente indefensos y desamparados por la justicia", afirman María Nieves Vázquez y sus convecinos Miguel Ángel López y Nina Mikkila.

Según su relato, la táctica que emplea J. C. (que no ha respondido a las llamadas de este periódico) es presentar reclamaciones por cuantía inferior a las 80.000 pesetas, cantidad por debajo de la cual no se requiere la asistencia de procuradores o abogados. También ha presentado demandas por acoso sexual, robo de obras de arte, amenazas de muerte, atraco a mano armada, infracciones municipales, coacciones, allanamiento de morada...

Son tantas las demandas que le falta tiempo para acudir a los juicios de faltas. A veces es citada simultáneamente por varios juzgados y se ve obligada a excusar su asistencia, mientras los demandados pierden tiempo y dinero en acudir a los requerimientos. A J. C. le gusta escribir demandas y novelas (tiene varias editadas bajo seudónimo).

La justicia es gratuita y tiene la obligación de admitir todas las demandas de J. C., que sólo en los últimos cuatro años ha, obligado a tramitar en los juzgados de Madrid 79 demandas.