Se traspasa

LA PROXIMIDAD de las elecciones agudiza la rivalidad entre partidos, pero también favorece ciertos acuerdos entre instituciones. El desbloqueo de las transferencias de competencias a las comunidades de Cataluña y el País Vasco (y pronto Andalucía) es seguramente un reflejo de esto último. Por una parte, el Gobierno necesita asegurarse el apoyo de los nacionalistas con vistas a los difíciles meses que seguirán al 12-J, incluyendo la aprobación, en otoño, de los presupuestos para 1995; pero los nacionalistas también necesitan presentar ante su electorado unos resultados que demuestren la eficacia, desde su punto de vista, de su política de colaboración con el Gobierno central. Así, como el acuerdo convenía ahora a ambas partes, unos y otros han cedido en sus pretensiones iniciales para hacerlo posible. El pasado día 31 se firmó el acuerdo para el tras paso al País Vasco de un total de ocho competencias estatutarias que forman parte del paquete de 54 planteadas hace dos años por el Ejecutivo de Vitoria y ratificado por el pleno del Parlamento autónomo. Esa cifra comprendía competencias sobre las que ya existía acuerdo de principio, pendientes únicamente de valoración económica; otras sobre las que había divergencias de interpretación, y estaban pendientes de un acuerdo político, y, finalmente, alguna que no estaba contemplada en el estatuto, pero podía ser objeto de delegación.

El anterior traspaso de competencias se produjo en 1987, y también entonces en vísperas de unas elecciones. La responsabilidad del bloqueo posterior es compartida. El PNV rechazó reiteradamente suscribir acuerdos parciales, prefiriendo mantener levantada la bandera de la reivindicación contra la parálisis autonómica. Pero frente a esa actitud, el Gobierno se ha venido beneficiando del carácter asimétrico de la negociación: en ausencia de acuerdo, ha retenido competencias que según el Estatuto de Gernika corresponden a la comunidad autónoma.

El acuerdo suscrito esta semana con la Generalitat de Cataluña afecta a siete competencias; más importante que su contenido es el hecho mismo del acuerdo, que también se produce tras años de sequía transferencial, y que los nacionalistas consideran síntoma de un giro en la política autonómica del Gobierno. Tal giro se pondrá a prueba en los próximos meses a propósito de la deuda sanitaria de la Administración central, la participación de Cataluña en los fondos de cohesión de la Unión Europea, la modificación de la Ley de Costas y, sobre todo, el modelo policial. La existencia de un acuerdo de principio sobre este último tema, si bien en una perspectiva de largo plazo, parece ser la principal baza de Pujol a favor de su política del paso a paso.