Soto y Tamayo niegan las irregularidades

Jaime Soto y Benito Tamayo, máximos responsables junto con Manuel de la Concha del Grupo Ibercorp hasta la crisis de 1992, comparecieron ayer ante la comisión Rubio y defendieron su posición con uñas y dientes. Francisco Frutos, comisionado por IU, llegó a hablar de "mundo oficial y mundo mágico" para explicar las siderales diferencias entre lo dicho por Tamayo y Soto y por los comparecientes de la Administración.Tamayo negó cualquier irregularidad fiscal en su actuación en el Banco Ibercorp, aceptando que se podían "haber cometido errores de gestión", pero nunca irregularidades ni uso de información privilegiada. Tamayo dijo no conocer las relaciones de Rubio con el grupo del que era el tercer máximo ejecutivo. También negó que en Banco Ibercorp hubiera dinero opaco "ya que las cuentas de pagarés del Tesoro eran legales y las permitía la Administración". Soto también negó cualquier irregularidad en su actuación, señalando que una cosa era el Grupo Ibercorp y otra el despacho de agente de cambio y Bolsa de De la Concha.

Soto y Tamayo negaron haber sido tiburones financieros y señalaron que crearon un grupo que llegó a tener 400 empleados. Ambos negaron que se dedicaran a comprar empresas baratas, inflar el precio de las mismas, vaciarlas de activos y venderlas después.

Soto dijo haberse enterado por los periódicos de la existencia de Nalvisa, sociedad de la familia de De la Concha, disuelta varios años antes, que aparece como tenedora de pagarés del Tesoro que se traspasaron después a Banco Ibercorp y también como titular de operaciones bursátiles que realmente pertenecieron a Rubio y otras personas.

Soto aceptó que la familia Ruiz de Alda, a través de Scipio, compró acciones de Grupo Financiero Ibercorp, SA, por 70 millones, aunque no dijo que esta misma empresa participo en la compra inicial de Sistemas AF; también señaló que el primo de Rubio, Carlos Pittaluga Jiménez, era quien aparecía como suscriptor de acciones del grupo por valor de 30 millones.