Puntualizaciones de Miguel Boyer

La experiencia de mi comparecencia el pasado lunes 23 en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga "la evolución del patrimonio de don Mariano Rubio, así como el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias durante el periodo en que ejerció cargos en el Banco de España", pero, sobre todo, la inexactitud de gran parte de las versiones que de esa comparecencia aparecen en la prensa, me impulsan a apoyar, sin la menor duda, que estas comisiones no deben ser secretas, sino con luz y taquígrafos.Si la del lunes hubiera sido una comparecencia abierta a la prensa y a otros medios, en vez de verse éstos obligados a reunir briznas de informaciones interpretadas según los intereses políticos de cada filtrador, la opinión pública podría juzgar por sí misma la contradicción entre las declaraciones del señor Olabarría (PNV), que calificó mi intervención como "muy reveladora, interesante, y que contestó a todas las preguntas", y las de la señora Rudi (PP), que se manifestó decepcionada porque mi comparecencia "no aportaba prácticamente nada a los trabajos de la comisión", frustración de la que no tengo más remedio que alegrarme, dadas las esperanzas y propósitos que cabe suponer albergaba una diputada del PP respecto a un ex ministro socialista.

Si mi comparecencia hubiera sido pública, EL PAÍS no habría sido inducido a equivocaciones varias respecto a los temas que se trataron y a cómo lo fueron. Ni la señora Rudi me hizo numerosas preguntas ni la única que me hizo fue sobre cómo se vendieron cada uno de los bancos de Rumasa, sino sobre las ayudas públicas para el saneamiento del Banco Urquijo en 1985. Tampoco "hubo continuas referencias a los bancos y empresas de Rumasa y al proceso de reprivatización", sino que las referencias fueron pocas y mínimas, ya que las muchas preguntas se centraron, como era lógico, en las razones de las designaciones de los señores Rubio y Ruiz de Alda como gobernador y subgobernador del Banco de España, así como en mi relación de cliente de Ibercorp en 1989 y 1990. Yo, en efecto, aproveché la ocasión del lunes para decir, motu propio, que he sido partidario de que el Parlamento constituyera una comisión de investigación de la reprivatización de Rumasa, que escribí en tal sentido al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, señor Martín Toval, y que, además, lo hice público a la prensa, pero no fue, como dice EL PAÍS, en 1984, cuando era ministro, sino en 1987, cuando se planteó la cuestión por diputados del Partido Popular y cuando ya había concluido el proceso de reprivatización. Y es que, aun no siendo ningún ingenuo que ignore que en las comisiones de diputados pesan decisivamente los intereses de los grupos políticos a que están adscritos, temo mucho menos esos sesgos que a las calumnias difusas y a las insidias, ante las que no cabe, desgraciadamente, defensa eficaz.

Si la comparecencia del lunes hubiera sido abierta, no hubiera tenido el diario El Mundo ocasión de tergiversar mis explicaciones sobre cuándo y por qué pedí al señor De la Concha que vendiera mis acciones de Sistemas Financieros, titulando Boyer asegura que vendió sus acciones por intuición", entrecomillando una palabra y concepto que no usé. Lo que dije -y así fue- es que pedí al señor De la Concha, en marzo de 1990, que vendiera mis acciones de Sistemas Financieros, primero porque nuestra amistad se había roto al considerar él que yo había tomado partido por su ex mujer en el proceso de divorcio; segundo, porque creía que la Bolsa acabaría bajando, ya que los tipos de interés venían cre-

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