La libertad del ex gobernador

LA DETENCIÓN de Mariano Rubio y Manuel de la Concha no fue arbitraria, pero pudo ser discriminatoria. Al ordenar su detención preventiva, el juez actuó, en el marco de su discrecionalidad, conforme a derecho; pero usó esa discrecionalidad en función de factores que no tienen que ver únicamente con la naturaleza de los presuntos delitos, sino de la alarma social, y otros de difícil ponderación. En ese sentido, y dado el carácter excepcional de la prisión preventiva, la decisión pudo ser discriminatoria por inhabitual. El auto judicial que estima la recusación de Rubio y desestima la de De la Concha, decretando la libertad del primero bajo fianza de 15 millones, restablece el equilibrio entre garantías individuales e interés público.El auto fundamenta la diferente resolución adoptada en ambos casos por la pena de prisión mayor o menor, respectivamente, que aparejaría la condena de cada un o de ellos a la vista de los cargos imputados. Al ex síndico de la Bolsa de Madrid se le acusa de un delito fiscal y de otro continuado de falsedad en documento público, y ello como autor directo y material de los mismos, con el agravante de su condición de fedatario público. Además, de las diligencias en curso se deduce la posibilidad de que esa conducta delictiva se extienda a las cuentas de otros clientes del despacho de De la Concha investigados, lo que refuerza, según el juez, la conveniencia de mantener la prisión del ex síndico.

A Mariano Rubio se le acusa de un delito contra la Hacienda pública y otro de falsedad en documento público, pero este último en condición de inductor, o cooperador, lo que reduciría la pena. Respecto al fraude fiscal, el auto admite que la pena sería de prisión menor y multa, pero desestima la alegación basada en una supuesta circular de Hacienda ordenando la paralización de los expedientes cuando el importe del fraude no supere los 15 millones de pesetas: el juez argumenta que debe atenerse a la, ley vigente, no a medidas administrativas de orden interno de un ministerio.

La irritación popular y el nerviosismo gubernamental provocados por la fuga de Luis Roldán influyeron probablemente en la orden de la fiscalía para detener y encarcelar de madrugada al ex gobernador del Banco de España y al ex síndico. La resolución que autoriza la puesta en libertad de Mariano Rubio corrige parcialmente aquella resolución. Ello no modifica el reproche social que, a la luz de lo conocido, merece quien fue la máxima autoridad monetaria del país.

La comisión parlamentaria de investigación constituida estos días tendrá ocasión de apreciar si existen indicios de uso de información privilegiada o práctica de tráfico de influencias por parte del ex gobernador, y, en su caso, de trasladar tales indicios al juez. Pero incluso si así fuera, Mariano Rubio sería acreedor a las garantías que la Constitución reconoce a todo ciudadano. Por eso hay que felicitarse de la rectificación que supone su puesta en libertad. Porque la lucha contra la corrupción y la defensa de las garantías forman parte del mismo esfuerzo de regeneración democrática.