Los inquilinos con rentas bajas recibirán ayudas públicas para pagar la actualización de su alquiler

El proyecto de ley de arrendamientos urbanos sufrirá una profunda transformación en su trámite parlamentario, sobre todo en lo relativo a la actualización de las rentas congeladas de viviendas y a la aplicación de la prórroga forzosa en locales comerciales. En el primer caso, el esquema que se planteará en el Parlamento será el de ofrecer subvenciones a las familias con ingresos bajos -1,26 millones de pesetas- para afrontar la adualización de sus alquileres. Por su parte, la prórroga forzosa en locales comerciales se mantendrá cuando el titular del negocio sea una persona física.

El pasado 28 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley en el que se abordaba una profunda renovación del mercado del alquiler. La previsión del responsable del proyecto, el ministro de Obras Públicas, José Borrell, era que su entrada en vigor se produjese antes del verano. Sin embargo, la falta de consenso político ha retrasado su aprobación -los cálculos parlamentarios apuntan a que la ley no entrará en vigor hasta principios del próximo año- y ha provocado una verdadera revolución en su contenido.Las novedades más relevantes, y sobre las que hay un acuerdo de fondo por parte de todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Izquierda Unida, afectan precisamente a dos de los ejes básicos del proyecto inicial: la actualización de las rentas de los alquileres y la desaparición de la prórroga forzosa.

En cuanto a la actualización de las rentas de las viviendas alquiladas, el esquema planteado inicialmente era que las actualizaciones afectarían, en un plazo de diez años, a todas las familias que tuvieran rentas superiores a 2,9 millones de pesetas. La reforma sobre la que están trabajando los partidos políticos y el Ministerio de Obras Públicas es la de generalizar la actualización de las rentas y establecer diferencias en función de los ingresos de las familias afectadas. Para las más pobres -las que tienen unos ingresos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, 1,26 millones al año-, la actualización se produciría en un plazo de 15 años. Para cubrir este aumento de renta, estas familias percibirán subvenciones de la Administración.

En el caso de las familias cuyas rentas anuales estén entre 1,5 veces y 3,5 veces el SMI, la subvención ya no existiría y la actualización se realizaría en 10 años. Para las restantes, la nueva renta se alcanzaría en cinco años.

La prórroga forzosa de los contratos de alquiler para los locales comerciales también sufrirá variaciones. En el actual proyecto, se recoge su abolición. No obstante, en la última reforma la prórroga forzosa se mantiene en el caso de que el titular del negocio sea una persona física.