California se niega a pagar los costes de cárcel de los inmigrantes ilegales

El Estado de California le ha declarado la guerra financiera al Gobierno federal norteamericano en un peligroso proceso que ha comenzado con una demanda judicial para que Washington pague los costes carcelarios provocados por los inmigrantes ilegales -unos 2.000 millones de dólares (270.000 millones de pesetas)- y que ha creado una gran incertidumbre en todo el país sobre el futuro de la inmigración. California se une de esta manera al Estado de Florida, otro gran receptor de inmigración, que hace dos semanas presentó una demanda similar contra las autoridades federales en la que se pedía una indemnización de 1.500 millones de dólares.

Esta situación ha despertado una gran alarma entre las organizaciones hispanas, que temen que se desate una caza del emigrante en todos aquellos lugares en los que ese fenómeno tiene gran impacto electoral. La acción tomada por el gobernador de California, Pete Wilson, quien el viernes se presentó personalmente ante el juez para demandar al Gobierno de la nación, es sólo la primera que ese Estado va a tomar para conseguir su recuperación económica mediante la renuncia a las cargas que cree que no le corresponden.Pete Wilson tiene previsto después reclamar por vía judicial el dinero que California se gasta en salud para los inmigrantes ilegales, en educación, policía y otros asuntos en una campaña que recoge, con gran astucia política por parte de Wilson, el enorme rechazo entre los norteamericanos, incluso entre los inmigrantes ya acomodados, a los gastos provocados por este fenómeno ilegal.

Formalmente, el Gobierno de California aduce que el control de la inmigración ilegal corresponde por ley al Gobierno de la nación, y que, por tanto, le corresponde también afrontar el peso económico de esa política. De acuerdo al argumento expuesto por Wilson, su Administración no tiene poder para controlar los pasos fronterizos, por los que entran anualmente cientos de miles de ilegales.

Wilson asegura que la situación actual es "el suicidio de California" y propone simplemente que el Gobierno devuelva a los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Hace pocos meses, Wilson sugirió ya que, como mínimo, sean devueltas las inmigrantes ilegales que lleguen embarazadas.

Batalla política

El gobernador de California asegura que los contribuyentes de ese poderoso Estado se gastan al año 377 millones de dólares en la persecución de los emigrantes ilegales y 1.600 millones de dólares en mantener en prisión a los 16.700 de ellos que cometen delitos en Estados Unidos. Esa cantidad supera los 3.000 millones de dólares si se incluyen los costes sanitarios y de educación. En Estados Unidos los inmigrantes ilegales no tienen derecho a la Seguridad Social, pero tienen que ser atendidos sanitariamente cuando se presentan en las salas de urgencia de los hospitales.Según los expertos, la demanda de California es de tal trascendencia que resulta difícil que un juez le conceda trámite a corto plazo, pero su efecto político puede tener resultados mucho antes.

California celebra elecciones de gobernador este año. Pete Wilson está actualmente bajo en las encuestas, pero sabe que una gran mayoría de la población de su Estado es partidaria de medidas de fuerza contra la inmigración ilegal. Y lo es hasta tal punto de que Wilson podría ganar la reelección con ese arma.