Los obispos piden responsabilidades por la corrupción

Los obispos españoles se han sumado al coro de la oposición política. También piden cabezas por los casos de corrupción. El episcopado, al término de su reunión plenaria, solicitó ayer, "con serenidad y respeto", que se "depuren todas las responsabilidades" por los casos de corrupción. El texto, leído ante la prensa por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Zaragoza Elías Yanes, no carga más las tintas, contra lo que pretendía un sector de obispos alineados con el cardenal Ángel Suquía, arzobispo de Madrid, según fuentes próximas al episcopado.No obstante, el mensaje, dirigido a la sociedad española, es mucho más político que el realizado el pasado lunes por Yanes en el discurso inaugural de la asamblea. El arzobispo de Zaragoza denunció la corrupción, pero no hizo leña del árbol caído. Se limitó a decir que sólo con "normas jurídicas más eficaces" no se extirpa, y añadió que es imprescindible elevar el nivel moral de la sociedad.

El mensaje divulgado ayer insiste en esta línea -"todo lo que sea esclarecimiento total, acciones legales justas y ejemplares, saneamiento moral de las instituciones públicas y de las conductas personales, tiene la adhesión sin reservas del episcopado español", dice-, pero pide además la depuración de responsabilidades, incluso políticas.

Los obispos exigen asimismo "una renovación moral" que, dicen como autocrítica, "nos compromete a todos". La crisis moral, "de valores, creencias y conductas", en la que no cesan de insistir los obispos desde 1990, es causante, a su juicio, de la situación económica y social, reflejada en más de tres millones de parados, "que suponen una grave herida para nuestra sociedad".

Los prelados aprobaron asimismo durante su asamblea el documento Pastoral de las Migraciones en España ante la nueva situación, cuyo contenido fue explicado ayer por Ignacio Noguer, obispo de Huelva y presidente de la Comisión de Migraciones. El texto pide de las administraciones que consideren a los inmigrantes, tanto legales como ilegales, como "personas humanas" y no por su "clasificación ilegal y administrativa", dijo Noguer.

El prelado también señaló que el documento requiere de las administraciones que concedan el derecho de voto, al menos en las elecciones municipales, a los colectivos de inmigrantes que tienen la situación regularizada, y que faciliten el reagrupamiento familiar.