El Congreso envía al fiscal los datos de la comisión, pero no a la juez

La Mesa del Congreso acordó ayer por unanimidad enviar al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, las declaraciones vertidas ante la comisión Roldán por el propio exdirector general de la Guardia Civil; por el administrador de su empresa Europe Capital, Jorge Esparza, así como las de los empresarios y trabajadores de la empresa constructora Sierra Comendador. La Mesa ha aceptado la petición de los diputados investigadores de que se envíen a la Justicia las declaraciones al ver indicios de crirninalidad, pero al final no las remitirá directamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Ana María Ferrer.El órgano de gobierno de la Cámara decidió también responder a la petición del presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, que cursó la petición de la juez Ferrer, e indicarle que las declaraciones de Esparza que reclamó ésta forman parte de las que se remiten al ministerio fiscal.

Félix Pons, presidente del Congreso y de la Mesa, aseguró que con este acuerdo se encauza la previsión legal de trasladar al ministerio fiscal los indicios de criminalidad que se encuentren en la actividad de una comisión investigadora parlamentaria. Pons aseguró que "sería absolutamente inaceptable" ver en esta decisión una respuesta del Congreso a la impaciencia de la juez, que el viernes pasado envió dos policías al Congreso para recabar las declaraciones de Esparza.

Según Pons, la Mesa se mostró convencida de que el inminente envío de las declaraciones al fiscal "no va a producir el más mínimo retraso" en la investigación judicial.

Citación de Manglano

Mientras, Izquierda Unida (IU) pidió ayer que el general Emilio Alonso Manglano, director del Cesid, comparezca ante la comisión Roldán para aclarar si "las más altas instancias" del Gobierno conocían las irregularidades cometidas por el ex director del instituto armado. IU pretende también que Roldán comparezca de nuevo ante la comisión antes de que ésta concluya sus trabajos, y que se llame al comandante Serafín Gómez, quien denunció que dos millones de pesetas para el pago de un confidente no llegaron nunca a su destinatario.

Antonio Romero, diputado de IU, reveló ayer que el Banco de España ha remitido una carta al Congreso en la que sugiere que Roldán podría poseer deuda especial del Estado. Según la revista Tiempo, Roldán compró en diciembre de 1991 50 millones de pesetas de una emisión de deuda especial destinada a aflorar dinero negro. Día emisión suponía en la práctica una amnistía fiscal.