Leguina da a los alcaldes derecho de veto contra los proyectos regionales

VIENE DE LA PÁGINA 1El equipo de Joaquín Leguina tuvo que aprobar el pasado 14 de abril un texto corregido que llegó a la Cámara regional el pasado viernes. Los 118 artículos de la nueva ley, a la que ha tenido acceso este periódico, otorgan mayores competencias en materia de urbanismo a los municipios madrileños, según los dirigentes de la Consejería de Política Territorial.

El tribunal encargado de juzgar los proyectos de interés regional que, de manera imprevista, presente el Gobierno, estará integrado a partes iguales por representantes de la Comunidad y de los ayuntamientos de la región, según el punto 9.1 de la ley. "Madrid, por su relevancia en el conjunto de la Comunidad, será miembro nato", explica José María Ezquiaga, director general de Planificación Urbanística.

Para que el Ejecutivo pueda desarrollar sus planes deberá tener el dictamen "preceptivo, vinculante y favorable" de esta comisión, denominada oficialmente "de concertación de la acción territorial".

"La aprobación de informes", aclara el artículo 9.4, "requiere el voto favorable mayoritario en el seno de cada una de las dos representaciones [la municipal y la autonómica]". Para que la comisión se reúna es necesario que la localidad donde la Comunidad ha previsto intervenir manifieste su discrepancia con el proyecto. Ezquiaga aclara que para vetar los planes de interés regional "no será suficiente la negativa del municipio afectado".

La Consejería de Política Territorial, tras la aprobación de la nueva Ley del Suelo, señalará, a través de un plan regional de estrategia territorial, las zonas de interés regional donde pretende intervenir en el futuro. El Plan, según los responsables de Política Territorial, también será discutido con la Federación Madrileña de Municipios.

El director general de Planificación destaca que el nuevo proyecto de ley amplía las competencias urbanísticas de los ayuntamientos, que, en muchos casos, no deberán enviar sus decisiones sobre planeamiento a la Comunidad de Madrid para su ratificación definitiva. "No pretendemos entrar en una dialéctica de enfrentamiento con nadie. Este proyecto ha sido ampliamente discutido y consensuado con los municipios", recalca Ezquiaga.

Tanto es así, que después de ser aprobado y presentado en conferencia de prensa el pasado 20 de enero, ha tenido que modificarse para satisfacer las exigencias de los alcaldes. Tanto los regidores del PP como los del PSOE criticaron el primer proyecto de ley por su contenido "intervencionista".

El nuevo texto también determina el mecanismo que habrá que utilizar para conseguir el suelo necesario sobre el que edificar los nuevos equipamientos.

La Comunidad de Madrid pagará lo menos posible para desarrollar sus planes urbanísticos. La expropiación es el sistema elegido en el proyecto de ley del suelo para conseguir la titularidad de los terrenos destinados a operaciones de interés regional.

Proteger el suelo rústico

El suelo rústico de la Comunidad, donde está prohibido construir, no está suficientemente protegido en la ley, según el grupo parlamentario de Izquierda Unida, que mantiene con sus 13 votos al gobierno socialista de Joaquín Leguina.

La coalición pretende corregir el criterio del Gobierno regional respecto a estas zonas. "Los artículos de la ley no impiden construir en zonas protegidas de alto valor ecológico. Por muy interesante que pueda ser la instalación en un municipio de un hipermercado o una universidad privada, nosotros pensamos que no vale todo ni en cualquier sitio. Por eso presentaremos enmiendas para llenar este vacío legal", explica el portavoz de urbanismo de la coalición, Adolfo Gilaberte.

El Gobierno de la Comunidad también se ha encontrado con la oposición de la patronal madrileña a su nueva Ley del Suelo. La Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) presentó un voto particular en el Consejo Económico Social donde criticaba por "excesivas" las cesiones obligatorias de suelo que los promotóres privados tendrán que hacer a las administraciones públicas. El Partido Popular se opone al conjunto de la ley y ha amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ignacio del Río, portavoz popular de urbanismo, considera que los legisladores socialistas han diseñado un proyecto que resta competencias a los ayuntamientos madrileños.