El gobierno de Getafe califica de montaje el 'caso Álvarez Arana'

Antonio Alonso, primer teniente de alcalde del Ayunta miento de Getafe (142.000 vecinos), reafirmó ayer, en conferencia de prensa, las impresiones del consistorio de que el supuesto pago de comisiones ilegales por el empresario Enrique Álvarez Arana, denunciado a su vez por estafa, son un montaje.Alonso dio por cerradas las acciones de la comisión de investigación creada para estudiar los contratos con este proveedor. Los resultados de la investigación han sido pobres. Los tres grupos municipales (PSOE, IU y PP) coinciden en que "en los expedientes no se observa irregularidad alguna", aunque el PP e IU solicitan estudiar un par de ellos. La comisión cifra en 200 los trabajos de las empresas Praper y Aucarán en los cuatro años que fueron proveedoras del Ayuntamiento. La cuantía contratada asciende a 150 millones.

El empresario desapareció en abril de 1993 dejando a su hermano y avalista, José María, documentos en los que decía haber pagado comisiones a dos técnicos municipales, Ángel Arroyo y M. Á. M. (que se suicidó el 3 de abril), así como que construyó un chalé valorado en 18 millones al concejal José Antonio Serrano, quien sólo pagó 2,5 millones. Serrano dimitió el miércoles.

Alonso reiteró ayer: "Esto huele a un montaje descomunal", desde el momento en que "esta auténtica joya [Enrique Álvarez] puede haber montado un pufo que puede sobrepasar los 400 millones de pesetas". Según el edil, el empresario, "sólo o en combinación con alguien, ha tratado de exculparse del auténtico atraco que ha hecho a los bancos, a industriales y a particulares". Alonso anunció que el Ayuntamiento presentará una querella criminal "contra quien ha falsificado firmas del Ayuntamiento y documentos públicos" para cobrar obras inexistentes.

Deudas de un técnico

La viuda del técnico municipal M. Á. M., Carmen Benavente, ha presentado un documento en el Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe, firmado por Vicente Navarro, abogado y apoderado de Praper, SA, en el que éste asegura que el técnico liquidó cualquier deuda pendiente con la citada empresa. Sin embargo, el técnico saldó la deuda con Praper, 1.829.000 pesetas por diferentes obras, el 23 de noviembre de 1993, ocho meses después de la desaparición de Enrique Álvarez. Según la documentación aportada por la viuda del funcionario, la deuda "no se liquidó antes porque pretendía cobrar una factura de 781.391 pesetas por trabajos no realizados y otra de 41.956 pesetas que tenía pagada", de forma que se negó a tal chantaje.Antonio Alonso desmintió las imputaciones realizadas sobre la presente compra de acciones de Aucarán, SL, por Isabel Martín Bena, la esposa del ex edil Serrano.