El Tribunal Supremo reclama al Congreso la declaración de Esparza a la "comisión Roldán"

El maremoto que Jorge Esparza, administrador de Luis Roldán y director comercial de la constructora Huarte, levantó en la noche del jueves en la comisión Roldán originó ayer oleadas que rozaron el conflicto entre el poder legislativo y el judicial. Ana María Ferrer, titular del juzgado número 16 de Madrid, que instruye diligencias contra el ex director de la Guardia Civil, envió por la mañana a dos policías para reclamar del Congreso la transcripción de las declaraciones deEsparza. El error de procedimiento de la juez lo subsanó ella misma con inusitada celeridad horas después, al conseguir que el presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, enviase un escrito al del Congreso, Félix Pons, en el que pide la transcripción.

Los miembros de la comisión habían acordado en la madrugada del jueves, por unanimidad, solicitar de Félix Pons que enviase inmediatamente al fiscal las declaraciones de Esparza y de Roldán, al entender que hay indicios suficientes para poner en marcha la maquinaria penal. Josep López de Lerma, de Convergència i Unió, presidente de la comisión investigadora, formalizó por la mañana este trámite con Félix Pons. Precisamente, mientras él despachaba la petición de los comisionados, se produjo el revuelo por la presencia de los dos policías, que causó auténtica sorpresa entre los parlamentarios de la comisión.El presidente de la comisión en funciones, el socialista Alvaro Cuesta, indicó a los agentes el camino del Registro del Congreso de los Diputados para que dejasen allí su petición.

De la sorpresa se pasó al malestar en la dirección de la Cámara cuando trascendió la actuación de la juez Ana María Ferrer. Desde 1977, con precedentes en la legislación de principios de siglo, las mesas del Congreso y del Senado han mantenido sin excepciones que cualquier relación entre los poderes del Esta do, en este caso entre el Legislativo y el Judicial, deben establecerse siempre y necesariamente a través de sus presidentes.Malestar

El malestar se concretó en una llamada telefónica desde la secretaría general del Congreso a la juez Ferrer para instruirla sobre la necesidad de que se dirigiese al presidente del Supremo, como así hizo, y fuese éste quien solicitase de Pons la transcripción de las declaraciones de Esparza.

Álvaro Cuesta declaró que la juez, "probablemente alarmada por lo que ha leído en la prensa, ha actuado con la diligencia normal en quien instruye la causa y lo ha hecho de oficio; eso entra en la pura normalidad porque es la obligación del juez", aunque, inmediatamente, subrayó que la magistrada había equivocado, simplemente, el procedimiento para obtener la información que requería.

Jorge Esparza declaró en la tarde y noche del jueves ante la comisión durante unas ocho horas y aseguró que acudió varias veces, entre febrero de 1990 y abril de 1993, a la Dirección General de la Guardia Civil para recoger de manos de Roldán bolsas y maletines con más de 60 millones en metálico para las ampliaciones de Europe Capital, la empresa inmobiliaria de Roldán. Luego ingresaba tales cantidades en una cuenta del Banco Bilbao Vizcaya.

Pese a que algunas fuentes aseguraron el pasado jueves que la comisión había recibido ya las certificaciones académicas de Roldán éstas no obran aún en su poder.