Jueces y fiscales progresistas critican las medidas jurídicas contra la corrupción

La Union Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia critican las medidas aprobadas por el Congreso contra la corrupción. La UPF muestra su preocupación por la centralización de la persecución fiscal de los corruptos. y el portavoz del colectivo judicial califica de "vagas y muy flojas" algunas de las medidas.La dirección de la UPF considera que la persecución de los corruptos "es cometido esencial del Ministerio Fiscal en su conjunto, correspondiendo su coordinación a las estructuras jerárquicas vigentes". Estima que la creación de una Fiscalía Anticorrupción "entraña el riesgo de centralizar la persecución de determinadas conductas, relevando al conjunto del Ministerio Fiscal de la posibilidad de investigación y acusación de ciertos delitos y ciertos delincuentes".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Cándido Conde-Pumpido Tourón, condiciona la eficacia de tal iniciativa para luchar contra esta delincuencia -"cuya cifra negra es inmensa", dice-, a que sus funciones sean "de coordinación e impulso, sin pretender sustituir a los fiscales del lugar donde se comete el delito".

Conde-Pumpido cree que su virtualidad "será muy limitada si no se abandona la doctrina oficial de que el fiscal general del Estado debe ser un hombre de confianza del Gobierno, y si no se establecen en las grandes capitales juzgados de instrucción especializados y con dedicación exclusiva a la persecución de esta delincuencia de altos vuelos y complejísima investigación".

Policía judicial y delito bursátil

El portavoz de Jueces para la Democracia critica que entre las medidas aprobadas no figura "la creación de una policía judicial efectivamente dependiente de los jueces y tribunales, para una investigación imparcial, sin interferencias gubernativas". Reprocha a la justicia penal que "está excesivamente centrada en los pequeños delitos y carece de capacidad para investigar con celeridad las causas complejas".

En cuanto al futuro Código Penal, Conde-Pumpido plantea la "tipificación de la utilización de información privilegiada en Bolsa como delito bursátil y no como infracción administrativa sancionable por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que depende del Gobierno". Por su parte, la UPF estima "imprescindible una nueva regulación del tráfico de influencias, que está formulada de manera inaplicable".

Otra medida contra la corrupción que echa de menos Jueces para la Democracia es "la puesta en fucionamiento en cada capital de provincia de los juzgados de lo contencioso-administrativo, previstos legalmente desde 1985, para el control próximo y efectivo de la legalidad de la actuación administrativa".

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, manifestó ayer que no cree necesario crear un servicio especial de fiscales para los casos de corrupción. En su opinión, la persecución de todos los delitos corresponde a todos los fiscales.