El Tribunal de Cuentas investiga otra vez a Renfe "a la vista de las noticias publicadas"

El consejero del Tribunal de Cuentas encargado de fiscalizar las sociedades estatales, Eliseo Fernández Centeno, "a la vista de las noticias publicadas" por EL PAÍS, ha propuesto al organismo "ampliar" la investigación sobre los presuntos delitos contablesdenunciados en el informe sobre Renfe -oficialmente sólo: un borrador-, que él enterró por considerarlo carente de rigor. Esta decisión congela el informe que sustituyó al anterior, realizado por un hermano de un directivo de Renfe durante el periodo auditado, y de conclusiones más suaves.

Esta decisión se produce 24 horas después de difundirse que la fiscalía ha abierto diligencias, que podrían derivar en responsabilidad penal, sobre este asunto.La propuesta del consejero El¡seo Fernández Centeno al Pleno del Tribunal de Cuentas es la siguiente:

"El consejero que suscribe, a la vista de las informaciones recientemente publicadas en los medios de comunicación relativas a la fiscalización que este tribunal está realizando de Renfe del ejercicio de 1989, propone lo siguiente: Ampliar el objetivo y temporal de la fiscalización de Renfe, a los siguientes extremos:

1º. Relaciones entre Renfe y Equidesa hasta 1993 incluido, relativas a la compra de terrenos llevados en San Sebastián de los Reyes, sin perjuicio de las competencias de los órganos jurisdiccionales que están conociendo de esta cuestión.

2º. Relaciones durante los ejercicios siguientes a 1989 entre Renfe y Datsa, analizando especialmente la facturación de ésta a Renfe, y la aplicación por Datsa a dicha facturación.

3º. Análisis de la facturación de la empresa Catertren a Renfe hasta el 30 de diciembre de 1993, fecha en que se dictó sentencia relativa al contrato instrumentado entre ambas empresas".

Paradójicamente, Eliseo Fernández Centeno calificaba días atrás de "evidente falsedad" la noticia recogida por este diario sobre la existencia de un primer informe sobre Renfe que denunciaba graves irregularidades contables en la compañía ferroviaria estatal en relación con esas empresas. Esta decisión de Eliseo Femández Centeno ha sido interpretada como una bofetada política a Rafael Iglesia Lachica, quien asumió la dirección del segundo informe de fiscalización de Renfe, a pesar de que su hermano Leopoldo era directivo en el periodo auditado, bajo la advertencia de que sólo abandonaría tal labor si aparecían irregularidades de su hermano, algo que evidentemente nunca ocurrió, al contrario de lo que podría derivarse del primer informe.

La propuesta del consejero encargado de las sociedades estatales, de ser aceptada, abrirá una auténtica caja de Pandora en la empresa ferroviaria, en la que el único caso de irregularidad descubierto y aclarado fue el de las compras de terrenos en San Sebastián de los Reyes. El caso motivó la dimisión como ministro del ex presidente de Renfe Julián García Valverde.

Otros casos, como los referidos a Datsa, una filial de Renfe dedicada al transporte de paquetería, o los que, afectan a la empresa Catertren no han dado lugar a que se depuren responsabilidades en el seno de la compañía. Datsa, según detallaba el primer informe de auditoría, subcontrataba a su vez los servicios con tres sociedades cuyas facturaciones no tienen ningún soporte documental. La dirección de Datsa fue destituida y, en apenas un año, los nuevos responsables de la empresa redujeron los costes en casi un 40%.

Por lo que se refiere a Catertren, empresa que prestaba servicios de restauración, la auditoría subrayó que "se simulaba la contratación de servicios innecesar¡os" y "se han pagado facturaciones ficticias" por importe superior a los 500 millones.

Esta información ha sido realizado por los miembros del Equipo de Investigación