El empresario que denunció el cobro de comisiones sólo estafó a los bancos, afirma el edil de Hacienda
El concejal de Hacienda de Getafe, Antonio Alonso, afirmó ayer que el empresario Enrique Álvarez Arana, investigado por el supuesto pago de comisiones ilegales cuando era proveedor del consistorio, sólo pudo estafar a las entidades bancarias donde presentó pagarés falsos, y no al Ayuntamiento: "El Ayuntamiento no ha recibido para su cobro ninguna certificación que no fuera correcta". Según la querella presentada contra el empresario por su hermano y avalista José María Alvarez Arana, aquél presentó en cuatro entidades -Cajamadrid, Ibercaja, banco de Santander y Banesto- certificaciones de obras falsificadas con sellos y papel timbrado del Ayuntamiento. Con los pagarés falsos se embolsó, según la misma fuente, hasta 170 millones.
¿Cómo pudieron los bancos adelantar dinero admitiendo documentación falsa? El edil de Hacienda opina que "tiene que haber un documento falsificado donde se falsifica todo, el banco entiende que es correcto y le adelanta el dinero. Después ese certificado de obra se le presenta al Ayuntamiento. Siguiendo el trámite administrativo, el Ayuntamiento lo tiene que pagar y nunca se nos ha presentado un certificado de ese tipo". Dos directivos de Cajamadrid figuran como inculpados en la demanda presentada por José María Álvarez Arana.
El empresario tuvo relación con el Ayuntamiento entre 1988 y 1993, años en los que fueron adjudicadas a sus empresas Praper, SA, y Aucarán, SL, obras por 136 millones de pesetas. "Eran adjudicaciones pequeñas, de entre cinco o seis millones de pesetas, como mucho puede haber dos casos en los que superasen los 12 millones, ya que no tenía estructura para más", explicó el edil a este diario.
Entre el centenar de trabajos contratados figuran, por ejemplo, la señalización de vallas para seguridad, la reparación del pavimento de un patio de colegio o la pintura de vallas. El alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, mantuvo ayer el silencio pactado en el consistorio a la espera de las actuaciones judiciales y de la comisión de Urbanismo del próximo viernes. "Vamos a dejar trabajar a la comisión de investigación y después se ofrecerá toda la información, pues queremos que este proceso sea tan transparente como un día de primavera", aseguró Castro.
El consejero regional de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado apoyó ayer las medidas que se están tomando: "Tienen que hacerse esas comisiones de investigación y tiene que llevarse a la gente con presunción de culpabilidad a los juzgados".
