El empresario de Getafe, acusado de estafar 130 millones al municipio

Enrique Álvarez llegó a un punto en el que le fue imposible mantener sus dos empresas. Así, desapareció el 12 de abril de 1993 dejando cartas y documentos a su hermano en las que describía las relaciones mantenidas con hasta 25 personas, entre las que figuran el concejal de servicios generales, José Antonio Serrano, dos técnicos municipales y dos responsables, de Caja de Madrid. Los documentos afirman que los técnicos municipales Angel Arroyo y M. A. M. -que murió ahorcado el 3 de abril en Villaviciosa de Odón- recibieron un 20% de cada obra adjudicada a Praper y Aucarán.E. A. S., padre de los hermanos Álvarez Arana, indicó ayer a este periódico que su hijo recibió amenazas cuando la empresa empezó "a venirse abajo", por lo que se fugó de Getafe. El padre afirmó: "Mis hijos me han tenido al margen de sus negocios en Getafe, donde hay muchos chanchullos como éste que destrozan familias". Y afirma que Enrique le ha telefoneado un par de veces desde que se evadió. Este hombre, en un momento de la conversación, rompió a llorar por el "daño moral y de otro tipo" que le ha causado la supuesta trama urdida por sus hijos. Otras fuentes confirmaron a este diario que la esposa de Enrique Álvarez desapareció poco después que su marido.

"Es un montaje"

La demanda presentada en el Juzgado de Instrucción número 5 recoge indicios de estafa, falsedad en documento público y privado y fraude, entre otros. José Antonio Serrano, concejal de servicios generales, declinó ayer aclarar la sospecha de si tan sólo pagó 2,5 millones al empresario por la construcción de un chalé valorado en 18 millones. Serrano tan sólo indicó a este periódico: "No voy a entrar en montajes de ningún tipo".

La demanda implica al director de sucursal de Cajamadrid Enrique Calvo y a un director de zona de la misma entidad, Antonio Campoamor Menéndez. Según la misma, ambos eran conscientes de que Enrique Álvarez presentó certificados falsos o, por lo menos, no comprobaron en el Ayuntamiento la autenticidad de los mismos. Cajamadrid, siempre según la querella, pagó cerca de 70 millones, siendo el banco que más dinero desembolsó. También figuran Ibercaja, el Banco de Santander y Banesto.

Los responsables bancarios reclamaron el dinero pagado al empresario a los avalistas. Fuentes consultadas por este diario indicaron que éstos tienen pendiente una orden de embargo sobre su casa. Y el padre ha pagado unos 20 millones de pesetas de sus ahorros.

El técnico que murió ahorcado fue suspendido de empleo y sueldo tres años por presuntas irregularidades en la pavimentación de la avenida de las Ciudades, pero después fue indemnizado por el Ayuntamiento al resultar falsas las imputaciones.