El coronel Galindo se plantea retirarse al reabrir el Congreso el 'informe Navajas'

El coronel Enrique Rodríguez Galindo se ha hartado. El responsable de la 513ª Comandancia de la Guardia Civil (Guipúzcoa) y uno de los máximos estrategas de la lucha contra ETA se está planteando solicitar su baja, situación que le permite carecer de destino o su posible pase a la reserva. El coronel ha comentado a personas de su entorno que se siente víctima de un permanente linchamiento, agravado ahora al solicitar la comisión Roldán el informe que elaboró el fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, Luis Navajas, y que relacionaba a Galindo con presuntos contrabandistas. Un juez donostiarra archivó las diligencias del caso.

El informe Navajas atribuía también al coronel la posesión de 11 viviendas y que no hiciese la declaración de la renta. Estos datos fueron rebatidos en un contrainforme realizado por el servicio de información de la Guardia Civil, en labores de unidad anticorrupción, que la Justicia dio por bueno.El PNV no pedirá la comparecencia del coronel ante la comisión hasta conocer el contenido del informe Navajas, aunque fue difundido por la prensa hace años. Hasta ahora no ha trascendido ningún dato de la comisión que relacione al coronel con las irregularidades atribuidas a su antiguo jefe ni con cualquier otro negocio irregular.

El hartazgo de Rodríguez Galindo, según ha manifestado a sus amigos, nace precisamente de esta persistencia de una sospecha que ahora reaviva la comisión Roldán sin que nunca haya tenido ocasión de declarar ante un juzgado para esclarecer definitivamente su caso. Según las mismas fuentes, Rodríguez Galindo echa en falta una defensa en público como la que el ministro del Interior, Antoni Asunción, brindó a Xabier Arzalluz tras sus polémicas manifestaciones del Aberri Eguna.

Al margen de los supuestos sobresueldos con cargo a los fondos reservados, que ningún mando de la lucha antiterrorista admite en público, amigos de Rodríguez Galindo estiman en unos 40 millones el dinero extra que por encima de su sueldo de coronel -unas 340.000 pesetas mensuales netas- ha percibido en estos años procedentes de conceptos como plus de peligrosidad, pensiones por condecoraciones, una indemnización, alquiler de sus viviendas.... Sólo por el plus de peligrosidad, habría ingresado desde 1980 unos 10 millones, mientras que las pensiones por condecoraciones, libres de impuestos, suman otro tanto. Además, las mismas fuentes insisten en que el coronel apenas ha tenido gastos en todos estos años, puesto que vive en el mismo cuartel de Intxaurrondo, sede de la 513ª Comandancia.

La investigación acreditó que sólo poseía tres viviendas en 1991: dos en Zaragoza -una a nombre suyo y de su esposa y la otra a nombre del matrimonio y de una hija- y la tercera en San Javier (Murcia), también a nombre de ambos cónyuges y su hija. Una de las viviendas de Zaragoza, según los datos del servicio de información, era de protección oficial y el otro piso de la capital aragonesa lo compró tras vender la vivienda que poseía en Cádiz, provincia en la que estuvo destinado varios años. La compra de la vivienda en Cádiz se realizó tras vender otra en Madrid. El piso de San Javier lo compró tras vender la vivienda de protección oficial de Zaragoza. La investigación, que rastreó todas las provincias, no descubrió más viviendas del coronel ni de sus familiares.

También resultó falso que hubiera omitido su deber de declaración fiscal. La investigación probó que la Hacienda autonómica, dependiente del mismo partido que ahora reclama su investigación (PNV), recibió todas las declaraciones correspondientes a los ejercicios investigados -de 1985 a 1989-.

Contrabandistas

Sólo un punto fue confirmado por el informe: la relación amistosa del coronel con el presunto contrabandista Luis Astiazaran Iraola. Esta relación "se rompe, precisamente, al tener conocimiento [Rodríguez Galindo] de algunas noticias que le relacionaban con actividades ilícitas, inicia una investigación para aclararlas y solicita la intervención de su teléfono en l986", según un texto del servicio de información.

Lo esencial de, tales imputaciones nacíó de la declaración ante el fiscal Navajas del presunto contrabandista Bonifacio Sagarzazu Virto -precisamente detenido por la Guardia de Guipúzcoa-, según el citado informe.

"Sus afirmaciones tampoco son de conocimiento propio sino de lo que 'ha oído en la cárcel' y conjeturas suyas en base a determinadas vicisitudes ocurridas en sus relaciones de tipo profesional con el también contrabandista Ramón Ezcurdia", agrega dicho documento.

En todo caso, ni la fiscalía antidroga, ni la Fiscalía General del Estado ni el juzgado de San Sebastián que tomaron cartas en el asunto consideraron fundamentadas tales acusaciones, por lo que fueron sucesivamente archivando las diligencias sobre el coronel, que nunca llegó a ser interrogado ni aun como testigo.