Aclaración

Leo en EL PAÍS del 11 de abril una información en que se me cita como uno de los arquitectos de la Guardia Civil, en lo que me honro, pero de cuya lectura puede deducirse una opinión negativa sobre mi persona, derivada de conectarla con posibles irregularidades en la dirección general de ese cuerpo. Por ello, le ruego publique esta carta aclaratoria.El estudio profesional de mi tío el arquitecto don Enrique García Ormaechea y Casanovas ha trabajado ininterrumpidamente para la Guardia Civil desde principios de los cincuenta hasta su fallecimiento, en 1983.

El primer proyecto profesional que yo firmé para el Ministerio del Interior se me encargó en 1982, durante el Gobierno de UCD, y fue precisamente el edificio de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, obra arquitectónica modelo y con medidas de seguridad sofisticadas.

Ya en 1983, con el Gobierno del PSOE, se me encomendaron diversas obras de seguridad y reparaciones en varios cuarteles del País Vasco, donde yo vivía, y entre ellas la seguridad de Los Olivos, entonces residencia del delegado del Gobierno. Amenazado, tuve que trasladar mi residencia a Madrid, donde satisfechos de mi buen hacer profesional me siguieron encargando este tipo de trabajos, sobre todo pequeños proyectos de reparaciones en pueblos (desde Albacete a Guipúzcoa y el Pirineo o Huelva).

La mayor parte de las obras que he realizado se me encargaron siendo director general de la Guardia Civil el general Sáenz de Santamaría, a quien no he tenido el gusto de conocer; entre ellas, en febrero de 1986, la más importante que he realizado para el cuerpo, que fue la Comandancia de Almería, cuyo proyecto cobré en octubre de 1987, acumulado con otros atrasos y cobrando igualmente sus certificaciones a lo largo de las obras en los años siguientes, ya durante el mandato de don Luis Roldán, a quien, por cierto, tampoco conozco ni he visto nunca en persona y con el que ni siquiera he hablado por teléfono.

Los cuarteles de la Guardia Civil tienen características específicas, y después de tantos años se consigue un cierto grado de especialización. Por otra parte, son proyectos cuya documentación e información se deben manejar con discreción. La ley permite el encargo directo de proyectos y es probablemente por rapidez y eficacia la práctica común en casi todos los ministerios. En cualquier caso, somos cerca de cien los arquitectos que hemos venido trabajando por contratación directa para la Guardia Civil.

No es delito ejercer la profesión con arreglo a tarifas oficiales y cobrando siempre con enormes retrasos. Tengo proyectos, como el del cuartel de Llançá (Gerona), por ejemplo, supervisados, aprobados y pendientes de pago desde el año 1987. Por otra parte, no es una cifra escandalosa: si se tiene en cuenta que se ha facturado en ocho años, no llega a 15 millones al año, de los que hay que deducir los gastos de los empleados y Seguridad Social, el material y mantenimiento del estudio, los pagos a colaboradores en el cálculo de estructura e instalaciones, los gastos de viajes y los impuestos.

Quiero en todo caso dejar bien claro que los pagos de la Guardia Civil se me han efectuado siempre con cheques nominativos y su correspondiente registro en el ordenador central, que mis ingresos brutos y netos que figuran en mis sucesivas declaraciones de renta son fiel reflejo de lo anterior, y que nunca en mi actividad profesional he dado ninguna comisión a nadie. Pongo todos mis datos a disposición de la comisión de investigación del Congreso, si los estima necesarios.-