El Poder Judicial avalará, con reticencias, la ley del jurado
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalará hoy el anteproyecto de ley del Tribunal de Jurado, si bien en el informe elaborado por la Comisión de Estudios e Informes se introducirán nuevas reticencias al texto elaborado por el Ministerio de Justicia. El sector mayoritario, propuesto por el PSOE, negoció ayer con la minoría un acuerdo unánime, del que se descolgó el vicepresidente, José Luis Manzanares, que anunció su voto en contra de la futura ley.
El informe no vinculante del CGPG da su conformidad al precepto que limita las facultades del juez en favor del fiscal para investigar en la fase previa al juicio por jurado, uno de los puntos más conflictivos del anteproyecto, y que originó la retirada de las asociaciones judiciales de la negociación con el Ministerio de Justicia sobre el texto. Sin embargo, algunas de las objeciones planteadas por las asociaciones judiciales se introducirán hoy en la sesión plenaria, ya que existe desconfianza en la judicatura hacia el reforzamiento del Ministerio Fiscal, por su dependencia del Ejecutivo.
Otras reticencias al anteproyecto ponen en cuestión la implantación ahora de la institución, del jurado. Estas críticas vienen a añadirse a las que ya figuran en el informe, relativas a los "defectos técnicos" constatados en el anteproyecto, la exclusión de los delitos ecológicos y contra la libertad sexual y el honor y la comisión del sistema de financiación del jurado.
Además, consejeros de distintos sectores pusieron de manifiesto que, previamente al establecimiento del jurado, debe reformarse el proceso y crearse los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo, cuya inexistencia atasca esta jurisdicción. Otra objeción es el coste económico que significará la implantación de jurado en plena crisis económica.
Apoyo crítico
Por su parte, la Asociación Pro-Jurado ha manifestado su apoyo crítico al texto elaborado por el Ministerio de Justicia. El presidente de dicha asociación, Gustavo López-Muñoz, ha remitido a Justicia un documento en el que se queja de "esta demora tan prolongada, ¡15 años!" en el cumplimiento de la Constitución, que califica de "una incuria que sólo se salva y remedia mediante el inmediato cumplimiento, sin que valga ninguna excusa ni pretexto para: dilatarlo por más tiempo". Recuerda al CGPJ que hace un año "acordó por abrumadora mayoría hacer una declaración institucional pidiendo al Gobierno el desarrollo legislativo de la institución del jurado" En cuanto al argumento del coste económico, López-Muñoz señala que "la forma en que se ha planteado por el Ejecutivo" -escasos delitos en rodaje; un juez profesional, siete jurados y dos suplentes, y con regla de deIcisión mayoritaria- "representa el mínimo de los costes posibles". Para contribuir a ello, propone "medidas de ahorro en la selección de los jurados".
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