Amnistía Internacional lamenta la persistencia de los crímenes de ETA y las torturas a activistas
El presidente de la sección española de Al admitió que en España existen "salvaguardas muy importantes" de los derechos humanos, aunque expresó su preocupación porque año tras año se mantenga el mismo perfil de violaciones de estos derechos.Corroza se refirió al mantenimiento de una legislación penal que permite la incomunicación de una persona retenida entre dos y cinco días y sin asistencia letrada propia, lo que, a su juicio, propicia la comisión de malos tratos y torturas.
Criticó además que la legislación que regula la objeción de conciencia no reconozca todavía la objeción sobrevenida para que, los jóvenes puedan objetar una vez incorporados a filas, o que el Código Penal Militar contemple la pena de muerte. Reconoció que la Ley de Asilo y Refugio española contiene aspectos "muy interesantes" aunque advirtió también que "nos preocupan", y citó a las personas que huyen por cuestiones políticas y que, en caso de ser devueltas a sus países de origen, pueden ser perseguidas y sufrir una violación de sus derechos.
Manuel Corroza presentó a la asamblea el informe de gestión, donde destacó el crecimiento del número de socios durante los últimos meses, que atribuyó al éxito de una campaña publicitaria lanzada el pasado año, y abogó por consolidar la línea de actuación y aumentar hasta siete el número de personas que pertenecen al comité ejecutivo con el fin de acelerar el ritmo de trabajo.
Entre los proyectos concretos que potenciará en los próximos meses destacó la búsqueda de una mayor financiación. Corroza explicó que el hecho de no depender de los gobiernos es "una salvaguarda" de la independencia de Amnistía Internacional, "pero también un hándicap"
Al inicio de la asamblea nacional, simpatizantes en España del movimiento comunista peruano Sendero Luminoso trataron de incorporar, para su debate y votación durante la reunión, una propuesta de resolución en la que pretendían que Al se pronunciase sobre las condiciones de encarcelamiento y asistencia jurídica de su líder, Abimael Guzmán. La propuesta no fue admitida con el argumento de que debe dirigirse al secretariado internacional.
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