El cauce, el caudal y las fuentes

La mejor manera de desmentir una noticia cierta consiste en aparentar que la noticia es otra.Los lectores de este periódico saben bien que el diputado Rodrigo Rato ha disfrutado del caudal del Tajuña a su paso por la finca familiar, y que ha usado para ello el cauce que existía allí desde hace probablemente 300 años y que hasta 1955 fue utilizado industrialmente (primero como molino y después para mover una pequeña central eléctrica). Desde 1978, el segundo cauce -que sólo tenía sentido para ese fin- carece de licencia para absorber parte del río. Hace 12 días, la finca de Rato se llevó el 90% del agua y dejó prácticamente seco el cauce natural, al subir la compuerta que posibilita desviar el río hacia su finca.

Tanto el diputado del PP como sus partidarios han hablado públicamente de manipulación política y han desmentido que se haya desviado el cauce "puesto que existe hace cientos de años" (precisamente la primera información publicada en este periódico explicaba ese detalle con claridad). Pero lo que se ha desviado es el agua, el caudal, no el cauce; y sin ninguna razón, puesto que sólo sirve para que la finca del diputado resulte más agradable a sus ilustres huéspedes. Y quienes argumentan que siempre hubo agua en el cauce de Rato -aunque nunca hasta ahora llegase a secar la otra parte- no hacen sino agravar el caso, porque el diputado no tiene derecho a desviar para sí ni una sola gota.

Además, y para mayor precisión, los planos municipales sólo reconocen como cauce el que es de uso general: si el de Rato también lo fuera, todos los españoles tendrían derecho a pescar en el salón de la casa o las habitaciones que se hallen en los seis metros de ancho de las riberas (Ley de Aguas, artículo 36; y artículo 19 del reglamento de 1958). Y más: si el cauce de Rato siempre fue un cauce natural del Tajuña, ¿para qué necesita la compuerta?

Poco importa quién es la fuente de la información o si son muchos o pocos los perjudicados. La política de privatizaciones que defiende el PP -el Ayuntamiento de Madrid es buena muestra- no puede llegar al punto de convertir los bienes públicos en privilegios particulares.