La sospecha persigue a Galindo desde hace cinco años

La presunta relación del coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, un hombre clave en la lucha contra ETA, con redes de narcotráfico y contrabando y su aparente enriquecimiento súbito han sido investigados sin éxito durante más de cinco años por la fiscalía de San Sebastián. La exigencia de aclaración presentada ahora por el PN-V en la comisión Roldán no es nueva. El asunto ya mereció en 1991 infructuosas preguntas parlamentarias al fiscal general del Estado, entonces Leopoldo Torres.En el centro de la investigación se sitúa el informe del fiscal de San Sebastián Luis Navajas, elaborado a partir de las denuncias de otros dos miembros del instituto armado, el capitán del servicio de información Juan Manuel Castañeda y el guardia Garcilaso Casado. Ambos comunicaron en noviembre de 1988 al fiscal sus sospechas sobre "evidente implicación" de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en redes mafiosas.

Tras interrogar individualmente a cinco presuntos delincuentes relacionados con la trama, Navajas redactó un informe y lo elevó en marzo de 1989 al fiscal general, Javier Moscoso. Navajas afirmaba la existencia de indicios de conducta delictiva sobre 31 personas, entre ellas 13 guardias.

Las indagaciones en tomo a Rodríguez Galindo se centraron en sus relaciones con personas presuntamente implicadas en el narcotráfico y en su sospechoso patrimonio, en el que llegaron a contabilizarse 11 pisos. Un contrainforme de la Guardia Civil recoge las explicaciones de Rodríguez Galindo, según el cual se han mezclado con sus propiedades reales pisos de sus hijos, otros que ya no le pertenecen y algunos más de un ciudadano de Sevilla de sus mismos nombre y apellidos.

El cúmulo de sospechas llegó al Congreso en abril de 1991, de la mano del entonces diputado de Eusko Alkartasuna (EA) Joseba Azkarraga. El diputado señalaba que existían indicios documentales de un incremento del patrimonio del militar en 120 millones de pesetas en pocos años. El entonces fiscal general, Leopoldo Torres, declaró que se continuaría la investigación y llegó a hablar de la inminencia de detenciones. Las indagaciones judiciales siguieron empantanadas y el juez ordenó archivarlas en enero pasado. Fuentes judiciales han señalado que la publicidad de las actuaciones y el obstruccionismo de sectores de las fuerzas de seguridad imposibilitaron cualquier avance. Según estos medios, se llegó al caso de que guardias civiles encargados de vigilar a los sospechosos detectaron que eran a su vez vigilados por miembros del mismo cuerpo.