Seguros Albia recurre para no pagar los 8,8 millones del 'caso Atocha'

El 'caso Atocha' tiene un agujero por el que se escapan 88 millones de pesetas. El Gobierno regional adelantó esa cantidad a Construcciones Atocha para comprar materiales que nunca aparecieron. La empresa que avaló estos materiales, Seguros Albia, no quiere abonar los 88 millones perdidos y ha presentado tres recursos ante la Consejería de Hacienda. Izquierda Unida y el Partido Popular pretenden resucitar el caso en la Asamblea regional.

Los 88 millones de pesetas que el Gobierno regional adelantó a Construcciones Atocha -todos en diciembre de 1990 aunque distribuidos en tres obras distintas- para una adquisición de materiales que se demostró falsa siguen sin retornar a las arcas regionales. Los dirigentes autonómicos están convencidos de recuperarlos: "Hay un aval que hemos ejecutado", indica un alto cargo de la Consejería de Hacienda. Pero Seguros Albia, empresa que avaló esos materiales inexistentes, se niega a pagar y lleva más de un año pleiteando con la Comunidad. En los próximos días, la Junta Superior de Hacienda contestará a los recursos presentados por Albia.El juzgado de instrucción número 1 de Madrid iniciará el próximo viernes las diligencias de un caso que destapó hace 16 meses el PP. Las, investigaciones de la Fiscalía han revelado una serie de irregularidades que los grupos de la oposición en la Asamblea -IU y PP- pretenden debatir nuevamente. Los populares exigieron ayer al ejecutivo regional que se persone en el caso para defender los intereses de los madrileños. El portavoz del PP, Antonio Beteta, volvió a acusar a Telemadrid -la televisión autonómica- de manipulación por no ofrecer información sobre este caso.

El diputado de IU, Adolfo Gilaberte, indicó que su grupo pedirá la comparecencia del Gobierno para que explique la situación de algunos funcionarios de la Consejería de Cooperación, cuyo titular es Virgilio Cano, que siguen en su puesto pese a estar implicados en actuaciones presuntamente irregulares relacionadas con el caso.

Por su parte, el portavoz del ejecutivo, Jaime Lissavetzky, se consideró "satisfecho" por las conclusiones del fiscal que niegan que hubiera trato de favor hacia Construcciones Atocha. Lissavetzky también indicó que no habría lesión patrimonial para las arcas autonómicas.

El portavoz regional admitió que, en todo caso, la fiscalía confirma, como se hizo también en las conclusiones de aquella investigación, que pudieron haberse producido algunas irregularidades en la gestión de algunas obras. Para finalizar destacó que de las 13 obras analizadas por el fiscal -nueve archivadas- 12 están terminadas e inauguradas y sólo el centro de Salud de Villarejo de Salvanés está en construcción.