Industria y política
Muchas de las industrias -nacionales o multinacionales- que se implantaron en Andalucía en las últimas décadas lo hicieron, en buena parte, por las ventajas de unos costes salariales más bajos. El objetivo fundamental era ganar mercados y acercar la producción al consumo. En algunos casos, además, era la forma más económica de penetrar en el gran mercado de Europa. Gillette y Suzuki son buenos ejemplos de esta situación. Son industrias de ocasión que se van o se caen a la primera crisis. Gillette apenas ha invertido un duro en los últimos años y los japoneses que lo analizan todo al milímetro antes de decidir descubren ahora el absentismo. Se van cuando ya tienen tomados los mercados.La crisis ha puesto al descubierto la endeblez de este modelo industrial y también la distinta respuesta de las autoridades. El Gobierno central reacciona sólo con la lógica ortodoxa del mercado: "No podemos impedir que se vayan las multinacionales". Contrasta con la irritación del Gobierno francés cuando, hace un año, la empresa norteamericana de aspiradoras Hoover decidió trasladar su factoría francesa de Dijon a Cambusland, en Escocia. La ministra de Trabajo, Martine Aubry, mandó a sus inspectores para que multasen a la empresa. El presidente de la República, François Mitterrand, lo calificó de "bandidaje" y el de la Comisión Europea, Jacques Delors, habló de "birlar el empleo". En España este grado de sensibilidad sólo se encuentra en los gobiernos autónomos. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se compromete para encontrar soluciones para Gillette y Suzuki, mientras Pujol corre a Alemania para evitar que desmantelen lo que queda de Seat.
En algunos países, los Gobiernos estudian los distintos sectores empresariales. Hacen informes sobre las necesidades de las empresas. Los parlamentos legislan para fomentar los segmentos que consideran estratégicos. La Administración recibe constantes demandas de los industriales para conseguir un mejor marco y los sindicatos participan en todo Economistas expone las deficiencias, de la política industrial española: Ha consumido los recursos en la reconversión de viejas instalaciones y no en sectores de futuro. Esa política, señala, "ha sido, en términos relativos más intensa que la del conjunto de los países de la Unión Europea". El problema, añade, es que "esa política se ha visto seriamente distorsionadas sus prioridades por la reconversión industrial". Advierte también por la creciente dependencia de la tecnología extranjera, que se ha doblado en la última década. "El gasto público en tecnología a pesar de su importante crecimiento ha sido demasiado pequeño en relación al gasto de las empresas para financiar la generación interna de tecnología".
Pero no es sólo una cuestión del Gobierno. Depende de la madurez industrial de los países. Cuando estos días hemos conocido la opinión de los trabajadores de Linares ha sorprendido la naturalidad con que aceptaban el elevado absentismo: un 20%. El día que suspendió pagos Suzuki había más de 500 trabajadores de baja de una plantilla de 2.437. Era como estar sentado inconscientemente sobre un barril de pólvora. Si no hay industriales que exigen y sindicatos interesados por asegurar su empleo futuro jamás habrá política industrial. El debate se reducirá a la rutina de siempre: salarios, tipos de interés, déficit público, flexibilidad. Todas ellas cuestiones clave, pero que no son la única verdad, como bien saben los alemanes, por ejemplo.
Alguien debería dar a entender a Gillette que si no puede tener una factoría rentable en España tampoco debería poder contar con su mercado.
