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Los letrados de Interior y del municipio se enzarzan para no pagar por Alcalá 20

El juicio por el feroz incendio que mató a 81 personas y devastó la discoteca Alcalá 20 hace 10 años concluyó ayer con acusaciones recíprocas entre el abogado del Ayuntamiento de Madrid, Juan Cerrejón, y el del Estado, Luis Gayo. Ambos letrados invirtieron toda la mañana -la última sesión de una vista oral que ha durado seis meses- en defender la inocencia del organismo que representa cada uno y en descargar la responsabilidad de la tragedia sobre el otro. Eran conscientes de que se estaba ventilando el pago de los cerca de 1.900 millones de pesetas en indemnizaciones que reclama la fiscal para los damnificados. Gallo aseguró que le sobraban argumentos para responsabilizar al Ayuntamiento, mientras que Cerrejón abundó en la idea de que al entonces concejal de Seguridad, el socialista Emilio García Horcajo, "le colocaron" el delito sin fundamento.La fiscal, Josefa Checa, ha excluido de responsabilidad al Ayuntamiento, por lo que, en principio, Interior se encuentra en peor situación.

A medida que avanzaba el juicio, la idea de que alguno de los siete procesados pueda terminar en la cárcel se ha ido desvaneciendo. La decisión de la fiscal de reducir las penas ha sentado como un tiro a los damnificados.

PASA A LA PÁGINA 3

La fiscal reduce a seis meses las penas y pide la absolución del único político encartado

VIENE DE LA PÁGINA 1La sentencia será dada a conocer a finales de abril.

La fiscal, Josefa Checa, ha optado al final del juicio por elevar las indemnizaciones (de 1.300 a 1.900 millones) y reducir sustancialmente su petición de penas (inicialmente reclamaba para los procesados un total de 13 años; ahora, algo más de tres). Ello se ha debido a que, en su opinión, muchas de las manifiestas deficiencias del local eran situaciones de hecho consentidas y autorizadas antes de entrar en vigor el Reglamento de Espectáculos de 1982. Y, por tanto, sólo parcialmente atribuibles a los dueños.

Nunca se debió permitir, por ejemplo, la creación de una discoteca en un sótano-horno seis metros por debajo del asfalto. Pero lo cierto es que ése era su enclave y que, además, contaba con la oportuna licencia. Lo mismo ocurría con las vías de evacuación.

No obstante, confluyeron otros factores que los dueños de la discoteca sí pudieron haber evitado, según ponen de relieve varios abogados de las víctimas. El exceso de aforo es un nítido ejemplo. No ha quedado muy claro en el juicio cuántos clientes entraron aquella noche en Alcalá 20, si bien los datos iniciales de la fiscal indicaban que se vendieron 1.600 entradas, el triple del aforo máximo permitido. Otro hecho evitable fue, también, la inoperancia de la manguera antiincendios, atribuida por las defensas al Canal de Isabel II.

Si la manguera hubiese funcionado (cuando echaron mano de ella no tenía presión; sólo salió "un hilito de agua", según el fiscal), hoy no estarían bajo tierra esas 81 personas: lo que comenzó siendo una pequeña lumbre fácilmente extinguible se agigantó sin hallar obstáculo alguno. Los extintores también fallaron. Tampoco está claro qué originó el fuego. Los peritos han descartado que fuese un cortocircuito, lo que abona la tesis de intencionalidad esgrimida por los dueños.

Humo tóxico

Sobre las causas inmediatas de las muertes no hay ninguna duda. Fueron varias: el humo tóxico que desprendían los más de 1.000 kilos de materiales sin ignifugar que adornaban la discoteca, las llamas y los aplastamientos: muchos clientes murieron pisoteados por otros cuando trataban de alcanzar el aire limpio de la calle, apelotonados en enrevesadas escaleras atestadas de humo tóxico.

Durante el juicio, la técnica exculpatoria de los socios de la discoteca ha sido clara: el responsable de todo -el que según ellos estaba siempre encima del local- era Juan Antonio Iglesias, director de Alcalá 20. Para él pedía el fiscal la mayor pena de cárcel: cuatro años. Pero Iglesias, víctima de una enfermedad progresiva e irreversible, fue apartado del juicio el primer día.

Los dueños del local también coincidieron en descargar las culpas en los autores de los informes según los cuales todo estaba en regla. Algunos de estos informes fueron elaborados por los procesados Guillermo Herranz, ex vocal de la extinta Junta de Espectáculos del Ministerio del Interior, y Miguel Gabaldón, electricista de la discoteca, para quien el fiscal pide un año de cárcel, la máxima pena solicitada. Pero tiene 75 años, lo que virtualmente le libra de ir a la cárcel.

El abogado defensor de Herranz, Joaquín Ruiz Giménez, sostiene que la seguridad del local era competencia municipal, y que su cliente no falseó nada ni consintió irregularidad alguna y cumplió estrictamente el cometido que, respecto a Alcalá 20, le había encomendado la Junta de Espectáculos. Uno de los peritos que han testificado en el juicio ironizó con que "sólo un ciego" no habría podido observar las numerosas deficiencias que tenía Alcalá 20.

Los abogados de las víctimas, en contra del dictamen del fiscal, sostienen que todos los procesados son culpables, directa o indirectamente, de la tragedia, y piden para ellos penas de prisión menor (de seis meses y un día a seis años).

El abogado de 57 de las víctimas, Antonio García-Pablos, también reclama penas de prisión menor. En un informe que ocupa 70 folios, García-Pablos expone con detalle las numerosas irregularidades que tenía el local y la dimensión social de la tragedia. Y llega a sugerir incluso el castigo del "infierno" para los procesados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de marzo de 1994

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