Hacienda paraliza los expedientes de delito fiscal inferiores a 15 millones a la espera de la reforma

El anuncio de la reforma del delito fiscal, que eleva de cinco a 15 millones de pesetas el límite por el que se considerará el fraude fiscal como delito, ha provocado un parón de los expedientes con cantidades inferiores al nuevo límite máximo. La paralización se ha producido tanto en Hacienda como en los tribunales de Justicia. Fuentes de la Inspección de Hacienda explican que si la reforma tarda en aprobarse, podría producirse una situación de colapso en los tribunales y atrasos de medio año en los resultados que el Gobierno puede conseguir en la lucha contra el fraude.

El pasado año Hacienda remitió 199 expedientes de delito fiscal, frente a los 121 del año anterior. Aproximadamente un 40% de estos expedientes son por deudas inferiores a 15 millones de pesetas.Fuentes de Hacienda confirmaron que se han remitido instrucciones a las delegaciones territoriales para que paralicen todos los expedientes de entre cinco y 15 millones de pesetas. Según dichas fuentes, no se considera "práctico" presentar en estos momentos los fraudes inferiores a 15 millones ante los tribunales "ya que los devolverían una vez aprobada la reforma".

La misma recomendación de Hacienda, y por idénticos motivos, ha sido cursada por la Fiscalía del Estado. Fuentes de la fiscalía de Madrid han señalado el "especial cuidado" que se tiene con estos expedientes en curso por debajo de 15 millones. Lo normal es que se tarde más de un año en emitir sentencia y desde el Ministerio de Economía y Hacienda se espera que la reforma del delito fiscal esté aprobada en unos tres meses.

Esta situación de parálisis también se está notando en la vía administrativa, que es la que se aplica a los fraudes inferiores a cinco millones y, que posteriormente, se hará sobre los de menos de 15 millones. El anuncio de una rebaja a la mitad del límite máximo de las sanciones -desde el 300% actual hasta el 150%- está provocando que se firmen la mayor parte de las actas en disconformidad y que se recurran después ante los tribunales económico-administrativos, más lentos que los de Justicia. Si el caso está abierto antes de que se apruebe la rebaja de las sanciones -probablemente al tiempo de la reforma del delito-se aplicará la norma más favorable.

Fuentes de la Inspección de Hacienda señalan que ambas situaciones pueden provocar problemas si las reformas no se aprueban pronto. Un parón de medio año como mínimo puede llegar a provocar un colapso en los tribunales de Justicia, ya de por sí lentos en la resolución de los casos. De hecho, la parálisis afecta a un número importante de expedientes. El pasado año, por ejemplo, de los 199 casos de delito fiscal enviados a los tribunales, aproximadamente un 40% eran por cuantías inferiores a 15 millones de pesetas.

Economía tiene esperanzas de que la reforma del delito fiscal se apruebe en unos tres meses. El plan inicial era remitirla al Consejo de Ministros del pasado jueves, pero la iniciativa de la Seguridad Social de incluir el impago de cuotas dentro de los casos de delito ha atrasado su estudio por el Gobierno un par de semanas más. Después de la luz verde del Ejecutivo, el proyecto de ley se enviará a las Cortes para su aprobación definitiva no antes del verano.

El proyecto de ley ya ha sido acordado por Economía y Justicia en su aspecto más espinoso: las posibilidades de regularización. Se ha optado por el criterio más restrictivo, defendido por Economía, es decir, que sólo se pueden presentar declaraciones complementarias antes de que se reciba la notificación de la Inspección.