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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un año en funciones

HACE UN año que la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Margarita Retuerto, se hizo cargo interinamente de dicha institución tras el cese, al término de su mandato, de su titular, Álvaro Gil-Robles. Salta a la vista lo anómalo de una situación que la ley contempla como una solución de emergencia, pero que dura ya un año y de la que, de momento, no se prevé el fin.Lo primero que hay que destacar, en justo reconocimiento a la labor de la defensora del pueblo en funciones, es que tan prolongado periodo de interinidad no ha supuesto ningún daño o quebranto al normal funcionamiento de la institución. Con su gran dedicación y experiencia, Margarita Retuerto -adjunta al Defensor del, Pueblo desde hace más de dos lustros a instancias del Partido Popular- ha superado con creces los inconvenientes de ejercer más allá de lo legalmente previsible y razonable, funciones a las que la propia Constitución asigna un cualificado respaldo parlamentario. El balance de su gestión es netamente positivo.

Pero este esfuerzo personal, por meritorio que sea, no resta un ápice de gravedad a la situación. En el plano político y en el institucional. De un lado, la incapacidad de los grupos parlamentarios para relevar en tiempo y forma debidos al Defensor del Pueblo muestra su enfeudamiento en tácticas de mercadeo partidista que dejan en segundo término los rasgos constitucionalmente exigibles al candidato y colorean de parcialidad el procedimiento de su designación. De otro, es manifiesta la situación de deterioro en que se coloca a una institución cuando se incumplen de manera tan flagrante los plazos legalmente previstos para designar a su titular. Responsables son, sin duda, los dos partidos mayoritarios.

La actuación de Retuerto como defensora en funciones durante un año basta para demostrar cómo las cualidades exigibles para desempeñar con eficacia y decoro responsabilidades institucionales al más alto nivel no pasan necesariamente por la criba de ninguna opción política determinada. Las fuerzas políticas deberían tomar buena nota de esta experiencia. Les ayudará, sin duda, a dejar a un lado sus reyertas y ambiciones cuando se trata del correcto funcionamiento y del buen nombre de las instituciones.

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