Los españoles creen cada vez menos en la justicia y rehúsan ser jurados

La política de puertas abiertas practicada por la Administración de justicia desde el final de la dictadura no ha mejorado la pésima imagen que arrastra. En los nueve años transcurridos entre 1983 y 1992, su deterioro ha aumentado 10 puntos, según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El tercer poder del Estado no deja, eso sí, de protagonizar la actualidad informativa, hecho que ha propiciado la posibilidad de que cualquier español se considere capacitado para opinar sobre su funcionamiento.

El estudio del CIS es un eslabón más de la cascada de encuestas que han escudriñado el funcionamiento de la justicia en España desde que se levantó "el velo brumoso" que lo encubría hasta hace dos décadas. Este caudal de datos permite afirmar a José Juan Toharia, redactor del estudio del CIS, que pocos países disponen de tanta información sobre una parcela tan fundamental de la realidad social como es la justicia.De los 2.500 encuestados a finales de junio de 1992, una quinta parte ha mantenido relación con la justicia en algún momento, la misma cantidad que en julio de 1983, cuando se realizó otro sondeo similar. Ese contacto o las referencias por terceros provocan un estado de opinión mayoritariamente negativo con una tendencia a empeorar, a medida que el tratamiento informativo se ha desinhibido (un 38% cree que la justicia funciona mal o muy mal, frente al 28% en 1987).

Las reformas introducidas en el sistema judicial no han variado esta tendencia, contraria a la percibida por los propios jueces: el 60% pensaba en 1987 que la justicia funcionaba mal o muy mal y ahora sólo mantiene esa opinión el 26% de los jueces.

Sólo un 18% de los españoles confía en los jueces. Son más (29%) los que desconfían y dos veces más numerosos (un 55% frente al 27%) quienes no comparten la idea de que los jueces sean imparciales y dejen de tener en cuenta la condición social de los acusados en los juicios penales. Esta consideración negativa se eleva a un 76% a la hora de entender que la justicia actúa de manera diferente según quién sea el justiciable.

La imagen de los jueces, lejos de mejorar, se deteriora, aunque sea en menor medida que la del entramado judicial. Quizá por ello aumenta la proporción.(del 55% en 1983 al 61% en 1992) de quienes prefieren resolver los conflictos mediante acuerdos. Y no se modifica el porcentaje (un 62%) de los que harían más uso de la justicia si ésta fuese más rápida y barata.

Los partidarios de introducir los juicios con jurado aumentan del 50% en 1980 al 63% en 1992, siendo ligeramente más favorables los votantes de izquierda que los conservadores. La mayoría de los españoles (un 42%) preferiría que le juzgara un jurado, pero, curiosamente, no están predispuestos a formar parte del jurado (sólo el l6%). Esta actitud plantea dudas sobre la eficacia funcional del jurado en el encuestador con vistas al día en que se ponga en marcha. "Puede ser un impedimento que lastre, quizá de forma insalvable, su rutinización", escribe Toharia.

El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, restó ayer valor a estas apreciaciones al afirmar que las encuestas raramente reflejan la multitud de matices que rodean la cuestión de la justicia, informa Lo verdaderamente útil, en su opinión, es que demuestran que hay un sentimiento generalizado de que ya es hora de introducir en ella cambios esenciales".

Al ser preguntados sobre la sensación de inseguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia, un 77% de los encuestados cree que se corresponde con la realidad. Sólo un 18% piensa que se trata de exageraciones poco fundadas. El 12% de la población dice haber sido víctima dé algún delito o intento de delito en los 12 meses anteriores.