La Filesa de Garro

El juez Moreiras ha tomado la decisión de citar a Mario Conde, ex presidente de Banesto, para interrogarle sobre dos facturas falsas que pagó el banco en 1991 por 44.800.000 pesetas y que son objeto de investigación desde octubre del pasado año. Dichas facturas, de 22.400.000 cada una, fueron abonadas a una empresa carente de actividad llamada Publitax Publicidad. La autorización de las facturas lleva las firmas de Fernando Garro, director general de servicios en aquella época, y del subdirector general de Intervención, Joaquín Pérez Iglesias. El talón está firmado por el interventor, Juan Garrido Ramos. Hasta ahora han desfilado ante Moreiras varios directivos de Banesto; impuesto de cómo funcionaba el banco, el juez ha decidido llamar a Conde.En la factura se lee: "Importe del Estudio sobre las repercusiones de la crisis del Golfo Pérsico en el sector de la construcción e inmobiliario de Madrid y de su área Metropolitana". Las facturas fueron firmadas por -Ignacio Solchaga García de Biedma y de la cantidad citada 800.000 fueron cobradas por Paulino Elorriaga Santiuste, que a su vez es hermano de José Luis Elorriaga, director general adjunto, a cargo de la asesoría jurídica de Banesto.

Según declaró Garro al juez, a él, que es quien autorizó el pago, no le estaba permitido investigar a qué se debían esas facturas. El texto de las mismas parece inspirarse en la experiencia de Filesa, esto es, el pago por estudios inexistentes. ¿Qué sentido podía tener un estudio sobre las repercusiones de la guerra del Golfo nada menos que sobre la construcción en Madrid y su área metropolitana? Pero he aquí un interesante ejemplo de cómo funcionaba la maquinaria de Banesto, aparte de los problemas que pudieran derivarse de la falsedad de la factura.

Todos los pagos eran autorizados por un comité de administración que desde primeros de mayo de 1988 era presidido por el presidente de Banesto, Mario Conde. Este comité estaba integrado por 10 personas, aparte del presidente, entre los cuales había ocho miembros plenos y un coordinador secretario que hasta 1989 fue el representante de la secretaría general de la Intervención y Control de Gestión, Joaquín Pérez Iglesias. El comité autorizaba solo aquellas partidas que formaban parte de los presupuestos de cada una de las direcciones y éstas debían acreditar la previa aprobación. En 1989, hubo un cambio en la secretaría de coordinación del comité de administración, siendo sustituido por el director general de servicios y que anteriormente había sido director general adjunto de la división de inmobiliario: Fernando Garro.

Por tanto, no parece haber habido órdenes superiores en la administración de estos pagos, ya que en este caso la autorización venía, precisamente, del secretario coordinador de la comité de administración del banco. Aún es pronto para conocer el alcance de los pagos, pero la manera en que fue rematada la operación de las dos facturas citadas es sugestiva: 38 talones de un millón de pesetas cada uno.

El juez Moreiras ya había comenzado la investigación en octubre de 1993. Sin embargo, la asesoría jurídica de Banesto no abrió ningún expediente para conocer el alcance del asunto y sancionar a los responsables, en caso de hallar irregularidades. La nueva administración tampoco ha abierto expediente.

Aunque parezca baladí, el asunto tiene su interés. Moreiras es el juez al que el fiscal ha enviado los documentos de la inspección bancaria que recogen toda la actividad de Banesto que motivó la intervención el 28 de diciembre. Por tanto, aunque la próxima citación de Conde tenga por objeto esclarecer su posición como presidente del comité de administración de Banesto en el asunto de las dos facturas, su declaración puede confirmar algunas sospechas sobre su poder personal absoluto en la gestión del banco.