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Defensa vetó la difusión de un estudio sobre el coste de un Ejército profesional

Miguel González

¿Cuánto le costaría a los españoles suprimir el servicio militar obligatorio y profesionalizar el Ejército? A esta pregunta intentaba contestar un informe realizado en 1990 por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden). La respuesta no se conoce, ya que el Ministerio de Defensa no autorizó su difusión. Ni siquiera el Congreso, que en esas mismas fechas debatía el futuro de las Fuerzas Armadas, tuvo conocimiento del mismo.

Un grupo de expertos -integrado por 13 generales, coroneles y licenciados en Derecho y Económicas- estudió entre 1989 y 1990 el coste de un Ejército totalmente profesional, por encargo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, integrado en el Ceseden, que depende del Estado Mayor de la Defensa. Según varios de los autores del estudio, se partió del modelo y volumen que tenían las Fuerzas Armadas españolas en aquel momento para evaluar el coste económico de su profesionalización."Se trataba de un informe técnico, que no abogaba ni a favor ni en contra de la profesionalidad, sino que se limitaba a evaluar cuál sería el impacto económico de una decisión de este tipo", recuerda un militar que participó en los trabajos.

Este militar no oculta su malestar por el hecho de que el estudio, que considera "muy riguroso", no fuera nunca publicado. Ni siquiera fue conocido por la ponencia de la Comisión de Defensa del Congreso, que en aquellos años debatía el modelo de Ejército que debe tener España en el año 2000, de cuyas conclusiones salió la vigente ley del Servicio Militar. La ponencia recibió numerosos informes de expertos civiles convocados por la oposición, pero ningún estudio de parte del Gobierno.

Defensa sólo publicó, en diciembre de 1991, la tercera parte del trabajo, en un cuaderno que se editó bajo el título de "Costes de un Ejército Profesional de Reclutamiento Voluntario. Estudio sobre el Ejército Profesional del Reino Unido (y III)".

200.000 profesionales

Las dos primeras partes, que trataban sobre Ias líneas generales de un Ejército profesional de recluta voluntaria" y "la aproximación al coste de un modelo de Fuerzas Armadas compuesto por 200.000 personas", según se explicaba en la introducción del texto, jamás se publicaron. "No deja de ser curioso", agrega otro de los autores, "que se publicara el estudio sobre el Ejército británico y no el del Ejército español".

Fuentes del Ceseden afirman que no todos los estudios que realiza el centro se editan y que la última palabra, después de que se autorice su publicación por su interés técnico o profesional, la tiene Defensa, que puede vetarla por estimarlo inoportuno o inadecuado. Nadie explicó a los autores por qué no se publicó su trabajo.

Ante la falta de estudios oficiales, sólo se conocen las evaluaciones de expertos ajenos a la Administración. Entre ellos, Ignacio Cosidó, quien en 1990 realizó para la Fundación José Canalejas, del PP, un estudio en el que evaluaba en 72.369 millones de 1989 el coste de pasar de un servicio militar obligatorio a otro voluntario. El cálculo se basaba en un Ejército de 225.000 militares, de los que 112.000 serían soldados profesionales, con una retribución de 100.000 pesetas mensuales brutas.

Cosidó, presidente de la Asociación Pro Servicio Militar Voluntario y asesor del Grupo Parlamentario Popular, ha revisado sus cálculos y ahora asegura que unas Fuerzas Armadas profesionales de 180.000 efectivos, como aprobó el Congreso en 1991, costarían entre 80.000 y 120.000 millones de pesetas más que las actuales, alrededor de un 15% del presupuesto de Defensa.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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