Las mafias invaden Rusia

La prioridad número uno de Rusia no es la reforma económica, sino la lucha contra la delincuencia, según ha manifestado VIadímir Shumeiko, un cercano colaborador del presidente Yeltsin y jefe de la Cámara alta del Parlamento ruso, quien ha sugerido la posibilidad de introducir "el estado de excepción en algún territorio con el fin de confiscar armas" y reforzar el poder.Según la agencia de noticias Interfax, Shumeiko hizo estas declaraciones el miércoles por la noche en la televisión de Kaliningrad, la provincia más occidental de Rusia, situada entre Polonia y Lituania.

El aumento vertiginoso de la delincuencia es, efectivamente, uno de los principales problemas de Rusia en esta etapa de transición hacia la economía de mercado. Por eso la lucha contra la criminalidad fue un tema muy popular en la campana electoral para los comicios del pasado diciembre y uno de los principales caballos de batalla del ultra radical VIadímir Zhirinovski.

Sin embargo, medios de la oposición rusa temen que la Administración del presidente Yeltsin pueda convertir la campaña contra la delincuencia en un pretexto para imponer un rígido control a sus adversarios políticos o para dominar la situación social en caso de huelgas o desórdenes.

El pasado día 3, Yeltsin constató ante el Consejo de Seguridad de Rusia reunido en el Kremlin la "consolidación" de la delincuencia organizada de origen ruso, que ejerce su oficio en las repúblicas de la ex Unión Soviética y en el extranjero.

El Consejo de Seguridad ha aprobado un programa federal para 1994 y 1995, que se suma a las medidas anunciadas anteriormente por el presidente. A finales de abril de 1993, Yeltsin promulgó un decreto en el que se hizo personalmente responsable del asunto. El 18 de septiembre promulgó otro, que contiene puntos secretos, con nuevas medidas, incluida la posibilidad de utilizar "activamente" unidades motorizadas del Ejército.

En el asedio al Parlamento ruso que se produjo a los tres días de la promulgación de aquel decreto, bandas de adolescentes ladrones funcionaban impunemente en las cercanías de los impresionantes efectivos policiales concentrados junto a la Casa Blanca.

Según el diario Komsomólskaya Pravda, con motivo de la reciente reunión del Consejo de Estado, el Ministerio del Interior distribuyó una circular interna en la que se habla de "prepararse para aplastar la delincuencia en estado de emergencia".

La delincuencia que se ha extendido en Rusia no es sólo una cuestión de nuevos empresarios y de las mafias que pretenden cobrarles impuestos, sino que afecta potencialmente a un amplio sector de la población del país.

Moscú ha sido invadido por una oleada de personas sin hogar, que no son practicantes de la bohemia o víctimas del vodka, sino víctimas de los nuevos delitos que prosperan en torno a la privatización de viviendas. Con ardides, chantajes y violencia, bandas que actúan como inmobiliarias se apoderan de los pisos privatizados de los ciudadanos de la capital rusa.

Las "víctimas" de la privatización que se ven obligadas a dormir en los sótanos son las que han tenido suerte, porque, de las 15.218 personas que han formalizado la venta de su vivienda en Moscú, 3.000 han desaparecido, y la policía investiga su paradero para saber si han sido presa de grupos como Tsentr Help, una compañía inmobiliaria a la que se acusa de 11 asesinatos.

Los criminales formalizaban un contrato de compraventa con la víctima y la hacían desaparecer. En uno de los casos fue tanto su apresuramiento que mataron al cliente antes de firmar el contrato y luego tuvieron que falsificar la firma de la víctima.

Muy extendido se encuentra el método de asesinar mediante una explosión que hace irreconocible al fallecido y además produce daños colaterales. En seis años, de 1986 a 1991, hubo 260 explosiones en toda la URSS, pero en 1993 hubo más de trescientas explosiones criminales tan sólo en Rusia.

La estadística de asesinatos en Moscú, una ciudad de nueve millones de habitantes, revela que de 172 personas en 1987 se pasó a 886 en 1992 y a nada menos que 1.404 personas en 1993. En toda Rusia, la cifra de asesinatos durante el año pasado llegó a ser de 29.000.

En Rusia funcionan ahora 150 grupos mafiosos clásicos que tienen bajo su control a 40.000 organizaciones privadas y estatales, según declaraba recientemente el director del Instituto de Sociología de San Petersburgo, Yákov Galinski, a la agencia Interfax.

En Moscú, donde matan a empresarios todos los días, el último caso espectacular ocurrió el pasado día 4 en el restaurante Dagmós, donde fueron asesinadas seis personas en un ajuste de cuentas por el control del establecimiento. La policía encontró tres cuerpos junto a un Lincoln de color plata, en el que las víctimas habían intentado huir, y tres más bañadas en un mar de sangre en el interior del restaurante.

Unas semanas antes, el tanque T-34 que decora la fachada del Museo de las Fuerzas Armadas sirvió de cobertura a uno de los participantes en un tremendo tiroteo que se desarrolló a plena luz del día.

Además de Moscú, San Petersburgo y Yekaterinburg (en los Urales) se han convertÍdo en poderosos centros de delincuencia. En esta última ciudad fue asesinado recientemente el empresario Mijafl Kuchima, que estaba en libertad condicional acusado de extorsiones. En la investigación del caso se descubrió una cámara de torturas en el centro de Yekaterinburg, la capital de la provincia donde Borís Yeltsin fuera el máximo dirigente durante nueve años y donde se estima que ahora funcionan unos cincuenta grupos criminales.

La delincuencia difícilmente podría haber llegado tan lejos sin la complicidad de las instituciones oficiales. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún proceso sonado por casos o escándalos de sobornos y corrupción.