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Reportaje:

Alta tecnología bajo sospecha

En España existen cerca de 2.300 empresas relacionadas con la seguridad privada. Muchas ajustan su comportamiento al marco legal vigente, pero existen contundentes sospechas de que un grupo de esas firmas vulnera abiertamente la legalidad y se dedica al fenómeno creciente del espionaje industrial. Menudean los empresarios que cimentan su solidez en el número de dossieres confidenciales que son capaces de acumular contra sus rivales en los negocios, e incluso sobre sus propios subordinados.En la mayor parte de los casos resulta indemostrable probar que los contratantes conocen los métodos ilegales que emplean sus contratados para vigilar al enemigo, pero es obvio que no pocas empresas de seguridad se aprovechan hoy de un doble filón consistente tanto en realizar escuchas ilegales como en prevenirlas (a veces, al mismo cliente).

La actual feria nacional del sector, Sicur 94, es un buen ejemplo de ello. Lo mismo se ofertan medidas de "ataque de ambiente y telefonía", léase escuchas ilegales, que "contramedidas para la localización de escuchas en el ambiente y en el teléfono (tecnología militar)". Un centenar de empresas de este tipo exhiben su material estos días en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, bajo el reclamo de Salón Internacional de la Seguridad. En la mayoría de ellas, explotan sus conocimientos antiguos policías, ex guardias civiles y ex miembros del Cesid que utilizan contactos que dejaron en sus anteriores destinos.

Empresarios contratantes

Algunos empresarios han utilizado equipos de investigación que utilizaron métodos claramente ilegales, sin poderse demostrar que el cliente conociera tales mecanismos.

La investigación sobre los múltipes pinchazos sufridos en Barcelona puso de relieve la existencia de al menos cuatro empresas sospechosas de realizarlos. Finalmente, la policía sólo halló pruebas sobre una de ellas, General de Consulting y Comunicación, la que dirigían Miguel Ruiz Martínez, el Lobo, y el ex coronel del Cesid Fernando Rodríguez.

El actual ministro del Interior, Antoni Asunción, ha mostrado a sus colaboradores la preocupación que le inspira este sector, sobre el que ha ordenado una reforzada vigilancia. El problema es que los 30 agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada han de controlar 2.300 empresas. Buena parte de estos dossieres de dudoso origen no son realizados por empresas de seguridad, sino por compañías que se dedican al asesoramiento mercantil, lo que dificulta la acción de los investigadores que topan con cierta impunidad: grabar conversaciones ajenas esté penado con sólo seis meses de prisión.Esta información ha sido realizada por los miembros del Equipo de Investigación de EL PAÍS

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de marzo de 1994